Los rebeldes olvidados

FOTO JOSÉ MENESES

Soldados del 4F y 27N sin indemnización. Combatientes piden que se cumpla con el decreto presidencial de Chávez. Critican que actuales ministros y diputados sí se hayan beneficiado con los pagos y la seguridad social

KEILYN ITRIAGO MARRUFO / TalCualDigital
Soldados retirados que participaron en las intentonas golpistas del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992 fueron a protestar ante el Tribunal Supremo de Justicia para exigir las reivindicaciones sociales que les prometieron.

Explicaron que el decreto 39.858 de incorporación a la Fuerza Armada a la seguridad social, firmado por el fallecido presidente Hugo Chávez y publicado en la Gaceta Oficial en febrero de 2012, beneficiaría a 2.300 combatientes en todo el país.

Sin embargo, según el mayor retirado Víctor Colmenares, sólo 140 fueron los beneficiados, de acuerdo con la resolución 002660 del 27 de septiembre de 2013 dictada por el Ministerio de Defensa en donde se le otorgó el 100% de su pensión de retiros a estos militares.

Entre ellos el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, el diputado del Parlamento, Pedro Carreño, y el exgobernador del estado Aragua, Rafael Isea. Allí también se ordena hacer un cálculo a todas estas personas a fin de obtener los beneficios previstos por concepto de pensión.

Tal como señalaron los manifestantes, quienes que se hacen llamar “hijos de Chávez”, desde que fueron retirados no han recibido ningún beneficio. Muchos de ellos presentan problemas de salud, algunos andaban con bastones y otros mostraron injertos de piel en su cuerpo.

Dicen que interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal 8vo pero este fue desestimado y luego la causa pasó al TSJ. “Hace 21 años y 10 meses fuimos con un ideal revolucionario y ahora exigimos que nuestra propia patria cumpla con el decreto presidencial que dejó mi comandante Chávez para nosotros los soldados del 4F y el 27 de noviembre”, podía leerse en una de las pancartas que los soldados llevaban en mano.

Como el decreto presidencial establece un lapso de dos años para que se cumpla, los soldados retirados dicen temer que se acabe el tiempo y ellos no logren obtener los beneficios ofrecidos.