El rol que la Constitución y las leyes asignan a la Fuerza Armada Nacional se circunscribe a “la defensa de la soberanía del territorio nacional, espacio aéreo e insular, el combate al tráfico de drogas, la búsqueda y rescate y protección civil en los casos de desastre”.
Un trabajo por demás arduo en toda época y mucho más espinoso en estos tiempos cuando: 1) La soberanía nacional está siendo vulnerada a) en lo político, con la entrega de sectores y actividades sensibles a los Castro de Cuba, entre otros hoy manejan la identidad de sus ciudadanos, el registro de sus bienes y propiedades, y los puertos y aeropuertos por donde ingresa el 99% de los insumos y alimentos de la población; b) en lo económico, al hipotecar los recursos petroleros futuros a China por unos miles de millarditos gastados y mal usados, agravada la claudicación ahora con la entrega de la mina de oro Las Cristinas, una de las más importantes del Continente; c) en lo territorial, con una Guyana lista para perforar bloque petrolero en la proyección del delta venezolano. 2) Hay evidencias contundentes sobre el alto grado de vinculación del país con el tráfico internacional de narcóticos, entre otras el decomiso en Francia de 1,3 toneladas de cocaína pura en el avión de Air France proveniente de Venezuela.
Sin embargo, Nicolás Maduro ha decidido seguir la ruta que marcó Chávez de mantener a los militares con las manos metidas en asuntos menos álgidos, aunque no por ello fútiles, como es la cuestión alimentaria.
Hugo Chávez sacó de manera sostenida y reiterada a los militares de su objetivo central para destinarlos a la repartición millonaria de alimentos en el Plan Bolívar 2000. Un plan que, como es vox populi, terminó sin cumplir sus objetivos y con los recursos asignados cayendo con total impunidad en el desaguadero de la corrupción. Desde entonces no existe plan ideado por la revolución donde no esté metido un militar.
Ahora Maduro, para no quedarse atrás de su comandante supremo decidió poner al quinto estamento militar, la Milicia Bolivariana, a cubrir las plazas vacantes en las cajas registradoras de los supermercados como parte de la estrategia para enfrentar lo que ha llamado el oficialismo la "guerra económica".
Esta medida por un lado, como explicó el abogado laboral Alexis Aguirre a El Universal: 1) Viola los derechos sindicales, al convertirse el Estado en un máximo sindicalista es él quien decide cómo proveer los puestos de trabajo. 2) Viola la libertad contractual que tiene toda empresa de elegir sus trabajadores. 3) Repercute en el desempleo. Y para colmo 4) podría estar violando los derechos de las milicias “porque no se sabe si lo que les pagan por ser milicianos es la contraprestación de lo que deberían recibir cuando asuman las labores como cajeros".
Por el otro, este nuevo paso militarizador, genera un justificado temor en los analistas de que lo que se busca en realidad es preparar el control más férreo en la distribución de los alimentos y, a la par, ponerle otra espada de Damocles al sector distribuidor al detal de alimentos, quienes o se pliegan al mandato de militarizar sus cajas registradoras o pasarán a engrosar el cementerio de empresas estatales.
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