La fiscal general Luisa Ortega Díaz anunció que quienes participen en protestas callejeras recibirán cárcel y no medidas cautelares para que sientan el peso de la ley para que "la colectividad sienta que las instituciones están dando respuesta".
En 93 días de protestas se registran unos 2,400 procesos abiertos a personas por manifestar, aún cuando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra como derecho político el ejercicio de la manifestación pública.
El código orgánico procesal penal venezolano establece que los delitos con penas menores a 6 años gozarán de beneficios procesales como medidas cautelares que permiten seguir el proceso en libertad.
La Fiscal Ortega dijo "vamos a tener que profundizar las investigaciones y mantener a estas personas, sobre todo las que aparezcan como responsables y líderes de estas acciones, en los centros de reclusión para que respondan ante la justicia".
Tan solo en la marcha del pasado miércoles, en Caracas, fueron detenidas 105 personas, la mayoría de ellos estudiantes, de los cuales fueron presentados 78 ante los tribunales.
Está previsto que este viernes el ministerio público venezolano entregue a Amnistía Internacional un informe con sus actuaciones, que destaca entre otros aspectos, la cifra de "145 casos de violación de Derechos Humanos (DD.HH.), uno de ellos por tortura".
Pero esta cifra contrasta con la que lleva la ONG Foro Penal Venezolano, activista por DD.HH. que denunció el mes pasado 80 casos de torturas por excesos militare y policiales.
Cort. TalCualDigital
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