Récord de detenidos políticos en 25 años.

Provea asegura que van de 3 mil procesados en 4 meses por manifestar. Familiares de afectados pidieron a la Defensoría del Pueblo garantice los derechos humanos de los recluidos. Denuncian que los imputados han sido incomunicados de sus seres queridos y abogados defensores

KEILYN ITRIAGO MARRUFO/TalCualDigital
Los integrantes del Comité de Solidaridad por la Libertad de los Presos Políticos, que agrupa a distintas organizaciones sociales, familiares y víctimas de procesos legales como consecuencia de su participación en manifestaciones, entregaron un comunicado a la Defensoría del Pueblo solicitando que cumpla con los deberes establecidos en los artículos 145 y 281 de la Constitución, que obligan a la instancia a promover los derechos humanos de quienes se encuentran privados de libertad.

El coordinador de medios de Provea, Inti Rodriguez, manifiesta que el Comité ha recibido muchas denuncias de familiares que aseguran les han impedido la comunicación con sus seres queridos, así como el trato con abogados durante horas.

Y esto, a su juicio, constituye una violación al artículo 49 de la Constitución, referido al debido proceso, toda vez que no se permite la preparación de una adecuada defensa para los imputados.

CIFRA ALARMANTE
Hasta el miércoles 14 de mayo, según Rodríguez, había 2.950 personas procesadas penalmente por haber participado en protestas, y con los acontecimientos de la tarde de ese día se sumaron 105 más. El total de 3.055 es la cifra más alta que ha registrado Provea en los últimos 25 años, tal como asevera el activista de derechos humanos.

"En 1990, uno de los años donde más se reprimieron manifestaciones pacificas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, identificado como uno de los períodos más represivos de la historia democrática venezolana, se detuvieron arbitrariamente a 1451 personas", señala el representante de la ONG.

Rodríguez afirma que todas las personas que han sido sometidas a la justicia por haber expresado una opinión política conforme a los derechos constitucionales y pactos internacionales ratificados por la República, son presos políticos, y en el caso de quienes están sometidos a regimenes de presentación, se trata de víctimas de un proceso de persecución política.

"En estos últimos meses ha habido, sin duda, un acelerado proceso de la criminalización de la protesta, no sólo en el discurso de los funcionarios de Estado sino en la práctica del Ministerio Público y de los tribunales para penalizar la posibilidad de exigir derechos", asevera Rodríguez, al tiempo que denuncia que además se ha presentado la construcción de falsos positivos por parte de funcionarios del Estado y del sistema de medios públicos para de alguna forma intentar justificar la representación contra los manifestantes.

Este viernes a las 3 de la tarde se realizará una reunión en la sede de la Asociación de Profesores de la UCV donde abogados de distintas organizaciones no gubernamentales van a brindar asesoría gratuita a personas sometidas a medidas cautelares sustitutivas.

Y el próximo lunes, en el mismo lugar a las 5 de la tarde, se llevará a cabo el segundo encuentro del Comité de Solidaridad por la Libertad de los Presos Políticos para tratar una agenda de luchas que en los próximos 45 días pretende posicionar a nivel mundial la figura de presos políticos.