Washington, 3 mar (EFE).- Caracas criticó hoy a EE.UU., España y a la CIDH de actuar en "concierto" para difamar y desestabilizar el Gobierno venezolano por dos recientes informes sobre la lucha contra las drogas y los derechos humanos y un auto en el que se acusa a ese país de supuestos vínculos con ETA y las FARC.
En una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador venezolano, Roy Chaderton, utilizó la conmemoración del 21 aniversario de la revuelta social conocida como el "Caracazo" para arremeter sobre todo contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pero también vinculó a EE.UU. y a España a la "ofensiva" contra el Gobierno del presidente Hugo Chávez.
"Detrás de estos ataques incesantes están los intereses de la dictadura global y la aplicación implacable de la agenda de (del ex presidente de EE.UU, George W.) Bush".
Chaderton mencionó el reciente informe del Departamento de Estado, en el que EE.UU. critica la falta de cooperación de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico.
"Un alto funcionario del primer consumidor de droga acusa a Venezuela de ser utilizado como puente para el narcotráfico. Subestima nuestros esfuerzos (...) pero no arregla su propia casa", dijo el embajador, que también acusó a la CIDH de actuar con "prejuicios" por su reciente informe en el que afirma que Caracas "atenta" contra la democracia y los derechos humanos.
"Hay concierto", sentenció Chaderton, al referirse además al auto del juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco en el que acusa al Gobierno del presidente Hugo Chávez de haber colaborado para facilitar una alianza entre ETA y las FARC que tenían entre sus planes atentar en España contra altos cargos de Colombia.
Para el diplomático venezolano, Velasco "convalida las manipulaciones de una caja de pandora cibernética" y "vincula sin evidencias a Venezuela con ETA y las FARC".
También acusó al "Gobierno franquista del PP" de haber participado con el Gobierno de Bush en el derrocamiento del Ejecutivo bolivariano en 2002.
El observador permanente de España ante la OEA, Javier Sancho, recordó a Caracas el "estricto respeto" a la división de poderes que hay en su país, y recordó que el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha estado en contacto con el Ejecutivo venezolano sobre este caso.
Por otra parte, Chaderton recalcó que las reuniones que se produjeron entre las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN y el Gobierno colombiano en Venezuela fueron a solicitud de Bogotá y que Caracas ha hecho grandes esfuerzos por liberar a los secuestrados por los rebeldes.
"El resto es mala fe, manipulación y conspiración internacional", dijo.
De acuerdo con Chaderton, "esta ofensiva alcanza su mayor intensidad cada vez que se acerca un proceso electoral" en su país.
"En 2012 celebraremos elecciones presidenciales; estaremos preparados para enfrentar la ofensiva internacional del lado del Potomac" (Washington), concluyó.
Chaderton criticó, además, la tardía acción de la CIDH en el caso del "Caracazo", los sucesos de la violenta revuelta social que el 27 de febrero de 1989 estalló en la capital venezolana y sus alrededores y se extendió durante tres días, y que ocurrió menos de un mes después del inicio del segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993).
La revuelta fue sofocada a tiros por el Ejército y la Policía, lo que dejó un saldo de entre 300 y al menos un millar de muertos, según diversas fuentes oficiales y de organizaciones humanitarias.
La CIDH recibió en marzo de 1995 una denuncia sobre este caso y emitió su informe de fondo en octubre de 1998. Lo trasladó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de 1999, y en noviembre Venezuela reconoció su responsabilidad internacional.
La Corte dictó sentencia sobre el fondo y de acuerdo con una resolución de esta instancia de julio de 2009, Caracas solamente había cumplido con una de sus recomendaciones.
Destacó que en la CIDH existe un "producto adulterado de una fábrica universitaria de expertos en derechos humanos, financiados por la ultraderecha internacional militarista e infiltrados progresivamente en la CIDH como una mafia".
En este sentido, criticó también a la relatora para la Libertad de Expresión, la colombiana Catalina Botero quien, dijo, "arma ruidos súbitos ante quejas de la dictadura mediática venezolana", pero se "calla cuando se cierran en otras partes medios disidentes, incluido en su propia casa".
Chaderton consideró, asimismo, que en la CIDH el trabajo lo hace la "todopoderosa e intocable" Secretaría Ejecutiva, encabezada por Santiago Canton, que recibe "todas las denuncias de la oposición y las acumula con el propósito de hacer bulto".
Canadá, EE.UU., Argentina y Panamá, defendieron el trabajo de la CIDH, al igual que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien recordó que fueron los propios países los que aprobaron la creación de este organismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario