Por JORGE SAINZ/The Associated Press
MADRID -- El gobierno español exigió el viernes a Venezuela que respete el funcionamiento de su justicia e insistió en que el gobierno de Hugo Chávez debe aclarar el supuesto apoyo brindado a la alianza entre el grupo vasco ETA y la guerrilla colombiana de las FARC.
En tanto, el presidente colombiano Alvaro Uribe sostuvo que no se puede culpar al gobierno y el pueblo venezolanos por los actos de algunos funcionarios
"Los problemas se solucionan desde la colaboración y siempre desde el respeto. El respeto debido a las instituciones, el respeto a nuestra justicia, el respeto debido a nuestro país", dijo la vicepresidenta española María Teresa Fernández de la Vega al término de la reunión semanal del gabinete.
"Sólo el que respeta es respetado", añadió.
Hasta el momento, Chávez ha descalificado todas las acusaciones, que enmarcó en una campaña internacional para desprestigiar su gobierno, pero no ha anunciado la apertura de una investigación para depurar responsabilidades. La tensión entre los dos países sigue en el plano de las palabras y los discursos, ya que España, hasta la fecha, parece dispuesta a preservar sus relaciones diplomáticas con el país sudamericano.
"Las autoridades venezolanas deben colaborar para aclarar unos hechos muy graves", subrayó la vicepresidenta. "No debe haber lugar ni espacio para la polémica".
De la Vega aseguró que Caracas está tan interesada como Madrid en aclarar el contenido del polémico auto judicial del pasado lunes, en el que se acusa al ejecutivo de Chávez de cooperar en una alianza estratégica entre la organización separatista vasca y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
La vicepresidenta explicó que siguen esperando la cooperación de Venezuela, pero que el gobierno español todavía ha hecho llegar el auto judicial a Caracas por los cauces diplomáticos formales.
De la Vega dijo que sí les han detallado el contenido de los señalamientos y los supuestos planes de la ETA y las FARC para atentar en Madrid contra el presidente colombiano Alvaro Uribe y su antecesor en el cargo Andrés Pastrana.
"Estamos poniendo en marcha con el gobierno venezolano todos los mecanismos de cooperación jurídica para esclarecer los hechos", señaló De la Vega. "Estoy convencida de que los temas se van a aclarar, como debe ser".
En Bogotá, Uribe expresó que hay que diferenciar entre la actuación de unos funcionarios de Caracas y de la del "hermano pueblo venezolano".
"Tampoco se le puede hacer (cargos) al estado venezolano y tampoco, porque unos funcionarios participen en actos de terrorismo y de criminalidad..., se le puede hacer esa imputación al gobierno de Venezuela", manifestó el gobernante en una extensa entrevista con la emisora local La W.
Para el mandatario colombiano, "esa separación (de responsabilidades) ayuda a construir".
Pero hizo énfasis en que "todos los gobiernos tenemos que luchar contra el terrorismo y la criminalidad" porque "uno no se puede negar a investigar o a que se investiguen unos funcionarios que pudieron haber estado envueltos en actividades de terrorismo".
El juez Eloy Velascó procesó a seis activistas de ETA, refugiados en América Latina, y siete de las FARC por varios delitos de terrorismo y pidió su encarcelamiento y extradición a España.
En el auto, el magistrado fechó en 1993 el inicio de las relaciones entre ETA y las FARC y aseguró que las dos organizaciones intensificaron su colaboración a partir del 2000, bajo el auspicio de Venezuela, compartiendo entrenamientos sobre el manejo de explosivos y planeando ataques.
Precisamente, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de España, que agrupa al mayor número de familiares de las más de 825 personas asesinadas por ETA, pidió el viernes al gobierno que impida a Chávez asistir a la próxima Cumbre Unión Europea-América Latina-Caribe, que tendrá lugar en Madrid en mayo.
Crédito: El Nuevo herald
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