La primera fase del Plan de Ahorro de Energía decretado para Caracas en febrero, culminó este viernes 26 sin alcanzar la meta fijada por el Ejecutivo. Sólo 32% de los altos consumidores medidos redujo su consumo de energía.
Nada de extrañar de un plan totalmente compulsivo y nada racional, que exige al sector industrial, comercial y a los entes públicos con Demanda Asignada Contratada (DAC) superior a 25 KVA, reducir 20% de su consumo en tan sólo dos semanas. En la primera semana debían reducir 10% del consumo que tuvieron en el mismo período de 2009. Y en la segunda semana, otro 10% más. El Gobierno obvió que este 20% de reducción representa un día completo sin trabajar para cualquier empresa que labore cinco días a la semana; y de día y medio sin abrir su Santamaría para los comercios que laboren seis días y medio a la semana.
Tal como está concebido este plan de ahorro es casi imposible de cumplir por parte de la mayoría de las empresas. Este presagio no sólo se debe a la brevedad del lapso impuesto, ni a lo irracional y discrecional de las exigencias; se debe principalmente a que un gran número de empresas, en aras de la eficiencia y productividad, venían controlando sus consumos de electricidad. Estas empresas poco o nada pueden reducir más su demanda, a menos que se sacrifiquen producción, eficiencia, calidad del producto o del servicio, o recorten el horario de trabajo. Lo lamentable es que estas empresas están en riesgo de tener que pagar un alto costo por esa eficiencia previa.
El hecho es que el costo para el sector empresarial, a diferencia del que deben asumir los consumidores del sector residencial, no es pagar más bolívares fuertes por el incumplimiento de las metas impuestas. Tal vez eso sería un poco más tolerable, e incluso hasta razonable, a pesar de que el incremento de la tarifa impuesta es extremadamente alto.
El caso es que el Plan de Ahorro le impone al sector empresarial penalidades que se inician con una primera advertencia con carteles en puertas y llega a la suspensión escalonada del servicio eléctrico, el cual va desde 24 horas al segundo incumplimiento de la cuota; 48 horas al tercero, hasta el cierre ilegal por tiempo indefinido que determinará Corpoelec.
Por si fuera poco el castigo impuesto por un Ejecutivo negligente, incapaz de gerenciar medianamente al país, ahora entró en escena un nuevo mandato irracional del presidente Chávez que pone a las empresas entre la espada y la pared: Empresa que no mantenga la misma producción que tenía antes de las extremas restricciones del Plan de Ahorro, podría ser expropiada.
Según el mandatario, su Gobierno "sí sabrá cómo poner a producir" a las empresas. ¿Si tiene una varita mágica para poner a producir una empresa sin luz y a media máquina, por qué no la ha utilizado para poner a producir, a Invepal, o a Inveval, por citar dos del cementerio de empresas que acumula en once años?
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