Por: VenEconomía 10may10
La Legislatura al mando de Hugo Chávez acaba de aprobar una reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, casi a la medida del Primer Mandatario. Para sellar completamente el círculo dictatorial, a los parlamentarios sólo les faltó darle a Hugo Chávez el máximo poder para administrar la justicia.
Para muchos, por ahora, esto no es necesario. Primero, porque como dice Rayma en su caricatura de este lunes en El Universal ya "el peso de la ley es proporcional a la simpatía que tenga el reo con el régimen".
Segundo, porque ahora con la reforma de la Ley, la Sala Constitucional podrá revisar cualquier sentencia, incluyendo las definitivamente firmes, de cualquier Sala o Tribunal de la República. Es de dominio público la influencia que puede ejercer el mandatario en ese ente.
Y, tercero, porque con ley que lo ampare, o sin ella, ya Chávez hace de la justicia venezolana lo que le viene en gana.
Evidencia reciente de ese poder omnímodo del mandatario se plasmó cuando afirmó que la expropiada hacienda La Carolina, de Diego Arria, sólo sería devuelta a su propietario "si lo tumbaban" a él de la Presidencia. Ante tal declaración del Presidente ¿habrá algún juez que se atreva a aplicar la ley y restituirle la propiedad a Arria?
Los jueces, casi en su totalidad, se mirarán en el espejo de María Lourdes Afiuni, la juez de la República que es hoy una rea de Chávez por dictaminar, totalmente ajustada a Derecho, una medida de libertad bajo régimen de presentación a favor de Eligio Cedeño, otro perseguido de Chávez.
El poder del fuete justiciero del mandatario, también se plasmó en la condena a 7 años y 11 meses de prisión al general Raúl Isaías Baduel, por supuesta corrupción. Según se afirma, Baduel estaría purgando el haber obligado al Presidente a aceptar su derrota en el Referendo de la Reforma Constitucional de 2007.
Para quienes aún puedan pensar que éstos son casos puntuales y no forman parte de una estrategia para el sometimiento de la población, se les recuerda algunos de los últimos avances dictatoriales: 1) Los "exprópiese" del dedo del mandatario en plena Plaza Bolívar caraqueña, que afectó a edificios y comercios de pequeños joyeros. 2) La expropiación del Sambil de la Candelaria y de los galpones de Empresas Polar de Barquisimeto. 3) La persecución contra los corredores de bolsa, a quienes les echa la culpa del desbarajuste del mercado permuta. 4) La detención ilegal y el maltrato que recibieron más de 40 propietarios de pequeñas carnicerías de Caracas, por supuesta especulación. 5) La solicitud presidencial de una lista de "especuladores", a su entender culpables de la ingente inflación, a quienes no se sabe qué tortura les deparará.
Ésta es una lista muy corta de los miles de casos de exterminio del sector privado y de toda disidencia que se ha ejecutado durante este Gobierno.
Para muchos, por ahora, esto no es necesario. Primero, porque como dice Rayma en su caricatura de este lunes en El Universal ya "el peso de la ley es proporcional a la simpatía que tenga el reo con el régimen".
Segundo, porque ahora con la reforma de la Ley, la Sala Constitucional podrá revisar cualquier sentencia, incluyendo las definitivamente firmes, de cualquier Sala o Tribunal de la República. Es de dominio público la influencia que puede ejercer el mandatario en ese ente.
Y, tercero, porque con ley que lo ampare, o sin ella, ya Chávez hace de la justicia venezolana lo que le viene en gana.
Evidencia reciente de ese poder omnímodo del mandatario se plasmó cuando afirmó que la expropiada hacienda La Carolina, de Diego Arria, sólo sería devuelta a su propietario "si lo tumbaban" a él de la Presidencia. Ante tal declaración del Presidente ¿habrá algún juez que se atreva a aplicar la ley y restituirle la propiedad a Arria?
Los jueces, casi en su totalidad, se mirarán en el espejo de María Lourdes Afiuni, la juez de la República que es hoy una rea de Chávez por dictaminar, totalmente ajustada a Derecho, una medida de libertad bajo régimen de presentación a favor de Eligio Cedeño, otro perseguido de Chávez.
El poder del fuete justiciero del mandatario, también se plasmó en la condena a 7 años y 11 meses de prisión al general Raúl Isaías Baduel, por supuesta corrupción. Según se afirma, Baduel estaría purgando el haber obligado al Presidente a aceptar su derrota en el Referendo de la Reforma Constitucional de 2007.
Para quienes aún puedan pensar que éstos son casos puntuales y no forman parte de una estrategia para el sometimiento de la población, se les recuerda algunos de los últimos avances dictatoriales: 1) Los "exprópiese" del dedo del mandatario en plena Plaza Bolívar caraqueña, que afectó a edificios y comercios de pequeños joyeros. 2) La expropiación del Sambil de la Candelaria y de los galpones de Empresas Polar de Barquisimeto. 3) La persecución contra los corredores de bolsa, a quienes les echa la culpa del desbarajuste del mercado permuta. 4) La detención ilegal y el maltrato que recibieron más de 40 propietarios de pequeñas carnicerías de Caracas, por supuesta especulación. 5) La solicitud presidencial de una lista de "especuladores", a su entender culpables de la ingente inflación, a quienes no se sabe qué tortura les deparará.
Ésta es una lista muy corta de los miles de casos de exterminio del sector privado y de toda disidencia que se ha ejecutado durante este Gobierno.
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