El juicio de la ex juez María Lourdes Afiuni es uno de los casos emblemáticos del uso del Sistema de Justicia para los pases de factura política en el Gobierno de Hugo Chávez.
En diciembre de 2009, la entonces juez María Lourdes Afiuni fue detenida y acusada por los presuntos delitos de corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir. Una acusación derivada de haberle otorgado libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, detenido desde 2007 por estafa y quien era objeto de un retraso procesal. El problema con la decisión de Afiuni, es que Cedeño es uno de los tantos perseguidos políticos del Gobierno.
Ese día empezó el calvario de Afiuni, y como sucede con otros tantos venezolanos, desde el mismo momento de su arbitraria detención, Afiuni ha sido víctima de un sistema de justicia vasallo del Ejecutivo Nacional.
El 11 de diciembre, aún sin haber sido presentada ante el tribunal de la causa, el presidente Hugo Chávez ordenó, en Cadena Nacional de radio y televisión, que Afiuni fuera sentenciada a 30 años de prisión. Agregando en el mismo espacio público que si en Venezuela hubiese pena de muerte, Afiuni sería merecedora de ésta.
Imposible mayor evidencia de que Afiuni es una presa de Hugo Chávez. ¡Una más!
En la larga lista de arbitrariedades cometidas contra Afiuni, se cuentan: 1) La designación para su caso del juez José Alí Fabricio Paredes, quien ha proclamado a los cuatro vientos su adhesión al proceso revolucionario que lidera el presidente Chávez. 2) El juez Paredes, denunciado penalmente y solicitada su recusación por Afiuni, recibió y negó su propia recusación, a pesar de que ello es competencia de la Corte de Apelaciones. 3) Se le nombró un defensor público en contra de la voluntad de Afiuni. 4) Más grave es que, según fuentes no oficiales, en el TSJ se estaría discutiendo la posibilidad de seguirle juicio en ausencia a la ex juez, dado que ésta se declaró en desobediencia civil al acogerse al artículo 350 de la Constitución Nacional. De prosperar este desatino, no sólo se violaría flagrantemente la ley, sino que se sentaría un nefasto precedente.
La única "suerte" de Afiuni es el alto perfil y resonancia de su caso a nivel nacional e internacional. Otros no corren la misma "suerte", pero igual sufren la persecución y la cacería de unos gobernantes que no tienen el mínimo apego al respeto de los derechos humanos y al Estado de Derecho.
Entre otras decenas de ejemplos del servilismo de la justicia en Venezuela para la persecución política, está el del estudiante y deportista Raúl Díaz Peña, quien estuvo en prisión por más de seis años, acusado injustamente de los ataques contra las embajadas de España y Colombia en 2003, y quien hoy pide asilo en los Estados Unidos.
Tristemente, Venezuela es hoy un país de presos, perseguidos y exilados políticos.
En diciembre de 2009, la entonces juez María Lourdes Afiuni fue detenida y acusada por los presuntos delitos de corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir. Una acusación derivada de haberle otorgado libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, detenido desde 2007 por estafa y quien era objeto de un retraso procesal. El problema con la decisión de Afiuni, es que Cedeño es uno de los tantos perseguidos políticos del Gobierno.
Ese día empezó el calvario de Afiuni, y como sucede con otros tantos venezolanos, desde el mismo momento de su arbitraria detención, Afiuni ha sido víctima de un sistema de justicia vasallo del Ejecutivo Nacional.
El 11 de diciembre, aún sin haber sido presentada ante el tribunal de la causa, el presidente Hugo Chávez ordenó, en Cadena Nacional de radio y televisión, que Afiuni fuera sentenciada a 30 años de prisión. Agregando en el mismo espacio público que si en Venezuela hubiese pena de muerte, Afiuni sería merecedora de ésta.
Imposible mayor evidencia de que Afiuni es una presa de Hugo Chávez. ¡Una más!
En la larga lista de arbitrariedades cometidas contra Afiuni, se cuentan: 1) La designación para su caso del juez José Alí Fabricio Paredes, quien ha proclamado a los cuatro vientos su adhesión al proceso revolucionario que lidera el presidente Chávez. 2) El juez Paredes, denunciado penalmente y solicitada su recusación por Afiuni, recibió y negó su propia recusación, a pesar de que ello es competencia de la Corte de Apelaciones. 3) Se le nombró un defensor público en contra de la voluntad de Afiuni. 4) Más grave es que, según fuentes no oficiales, en el TSJ se estaría discutiendo la posibilidad de seguirle juicio en ausencia a la ex juez, dado que ésta se declaró en desobediencia civil al acogerse al artículo 350 de la Constitución Nacional. De prosperar este desatino, no sólo se violaría flagrantemente la ley, sino que se sentaría un nefasto precedente.
La única "suerte" de Afiuni es el alto perfil y resonancia de su caso a nivel nacional e internacional. Otros no corren la misma "suerte", pero igual sufren la persecución y la cacería de unos gobernantes que no tienen el mínimo apego al respeto de los derechos humanos y al Estado de Derecho.
Entre otras decenas de ejemplos del servilismo de la justicia en Venezuela para la persecución política, está el del estudiante y deportista Raúl Díaz Peña, quien estuvo en prisión por más de seis años, acusado injustamente de los ataques contra las embajadas de España y Colombia en 2003, y quien hoy pide asilo en los Estados Unidos.
Tristemente, Venezuela es hoy un país de presos, perseguidos y exilados políticos.
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