El Pleno del Congreso de los Diputados de España aprobó una moción en la que pide al Gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que coopere con firmeza en la lucha contra la organización terrorista ETA.
El texto reclama asimismo que preste la máxima colaboración política y judicial en la investigación sobre el etarra deportado a ese país Arturo Cubillas, reclamado por la Justicia española por su presunta implicación en una alianza entre ETA y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La moción, presentada por el conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición en España, fue apoyada por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que votó a favor después de que el PP aceptara suavizar el texto original.
El Partido Popular renunció a exigir la captura de forma inmediata de Cubillas para ponerlo a disposición de la Audiencia Nacional, el alto tribunal español que se ocupa de los asuntos de especial relevancia como el terrorismo.
Otros partidos, como los nacionalistas catalanes de CiU, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), y los minoritarios Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y Coalición Canaria (CC) también la apoyaron.
Fue rechazado por Izquierda Unida (IU) y por el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), que acusaron al PP de querer "injerir" en la política interna de Venezuela con ánimo "neocolonial"
El texto pide al Gobierno que exija a las autoridades venezolanas la máxima cooperación política y judicial contra ETA, en especial en el caso de Cubillas.
También pide a Caracas "investigar, con la firmeza debida, los casos de cooperación, connivencia, apoyo, financiación o entrenamiento de cualquier grupo terrorista que haya acontecido en Venezuela".
En lugar de convocar al embajador venezolano en España, Isaías Rodríguez, se opta por solicitar al Gobierno que le informe sobre los autos de la Audiencia Nacional acerca de la actividad de ETA en el país sudamericano.
También reclama que se defienda "el buen nombre y la imagen de las Fuerzas de Seguridad del Estado ante cualquier ataque, venga de donde venga, que ponga en duda el carácter democrático en la lucha contra el terrorismo", después de que Rodríguez insinuara que pudieron producirse torturas para que dos presuntos miembros de ETA detenidos confesaran que fueron adiestrados en Venezuela.
En otros dos puntos del texto, se insta al Ejecutivo español a "continuar redoblando" los esfuerzos en la lucha antiterrorista y a ser "vigilante ante los santuarios presentes o futuros" de ETA.
Además, se reclama defender con firmeza las intereses de los españoles sin renunciar a "unas relaciones internacionales diplomáticas fluidas y correctas" con Venezuela.
A pesar del acuerdo en el respaldo a la moción, el diputado del PP Francisco Ricomá criticó la que consideró condescendencia del Gobierno con Chávez después de las pruebas que apuntan a su permisividad con la acción de ETA en territorio venezolano.
"España no tiene más mejillas que poner para encajar los caprichos del presidente venezolano", afirmó.
Ricomá animó a la nueva ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, a "recuperar la imagen y la credibilidad" de la política exterior española "dilapidadas" -dijo- por su antecesor, Miguel Ángel Moratinos.
La diputada socialista Elena Valenciano afirmó por su parte que "En esta batalla, el enemigo es ETA, no Venezuela, y ETA es el enemigo de España y Venezuela".
El diputado de IU Gaspar Llamazares se preguntó desde la tribuna si el PP "añora" el proyecto constitucional con el que se pretendió, sin éxito, desbancar del poder a Chávez en 2002, a lo que respondió el parlamentario 'popular' Arturo Tizón, que calificó de "infamia" la acusación de Llamazares y afirmó que su partido, "jamás en la vida", ha apoyado un golpe de estado.
El texto reclama asimismo que preste la máxima colaboración política y judicial en la investigación sobre el etarra deportado a ese país Arturo Cubillas, reclamado por la Justicia española por su presunta implicación en una alianza entre ETA y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La moción, presentada por el conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición en España, fue apoyada por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que votó a favor después de que el PP aceptara suavizar el texto original.
El Partido Popular renunció a exigir la captura de forma inmediata de Cubillas para ponerlo a disposición de la Audiencia Nacional, el alto tribunal español que se ocupa de los asuntos de especial relevancia como el terrorismo.
Otros partidos, como los nacionalistas catalanes de CiU, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), y los minoritarios Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y Coalición Canaria (CC) también la apoyaron.
Fue rechazado por Izquierda Unida (IU) y por el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), que acusaron al PP de querer "injerir" en la política interna de Venezuela con ánimo "neocolonial"
El texto pide al Gobierno que exija a las autoridades venezolanas la máxima cooperación política y judicial contra ETA, en especial en el caso de Cubillas.
También pide a Caracas "investigar, con la firmeza debida, los casos de cooperación, connivencia, apoyo, financiación o entrenamiento de cualquier grupo terrorista que haya acontecido en Venezuela".
En lugar de convocar al embajador venezolano en España, Isaías Rodríguez, se opta por solicitar al Gobierno que le informe sobre los autos de la Audiencia Nacional acerca de la actividad de ETA en el país sudamericano.
También reclama que se defienda "el buen nombre y la imagen de las Fuerzas de Seguridad del Estado ante cualquier ataque, venga de donde venga, que ponga en duda el carácter democrático en la lucha contra el terrorismo", después de que Rodríguez insinuara que pudieron producirse torturas para que dos presuntos miembros de ETA detenidos confesaran que fueron adiestrados en Venezuela.
En otros dos puntos del texto, se insta al Ejecutivo español a "continuar redoblando" los esfuerzos en la lucha antiterrorista y a ser "vigilante ante los santuarios presentes o futuros" de ETA.
Además, se reclama defender con firmeza las intereses de los españoles sin renunciar a "unas relaciones internacionales diplomáticas fluidas y correctas" con Venezuela.
A pesar del acuerdo en el respaldo a la moción, el diputado del PP Francisco Ricomá criticó la que consideró condescendencia del Gobierno con Chávez después de las pruebas que apuntan a su permisividad con la acción de ETA en territorio venezolano.
"España no tiene más mejillas que poner para encajar los caprichos del presidente venezolano", afirmó.
Ricomá animó a la nueva ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, a "recuperar la imagen y la credibilidad" de la política exterior española "dilapidadas" -dijo- por su antecesor, Miguel Ángel Moratinos.
La diputada socialista Elena Valenciano afirmó por su parte que "En esta batalla, el enemigo es ETA, no Venezuela, y ETA es el enemigo de España y Venezuela".
El diputado de IU Gaspar Llamazares se preguntó desde la tribuna si el PP "añora" el proyecto constitucional con el que se pretendió, sin éxito, desbancar del poder a Chávez en 2002, a lo que respondió el parlamentario 'popular' Arturo Tizón, que calificó de "infamia" la acusación de Llamazares y afirmó que su partido, "jamás en la vida", ha apoyado un golpe de estado.
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