Fotos por: Saúl Uzcátegui
La posible liberación de 7 presos políticos no es lo único que se obtuvo de la protesta. El Estado reconoció de forma implícita que no hay separación de poderes y la existencia de presos políticos. Estudiantes dicen que no hubo negociación con el ministro Tareck El Aissami
Por: Patty Fuentes Gimón/TalCualDigital
Más allá de la posible liberación de siete presos políticos, el éxito de la huelga de hambre es haber presionado al Gobierno para que, de forma implícita, reconozca la presencia de disidentes privados de libertad en el país.
"Al legitimar la naturaleza de la huelga y movilizar a funcionarios de alto nivel, como el ministro El Aissami, para que se reuniese con los huelguistas que pedían la liberación de los presos políticos, el Estado los reconoce.
Además, accedió a negociar con ellos en mesa de diálogos y realizó gestos importantes como las excarcelaciones de Biagio Pilieri y otros", explica Ángel Álvarez, director del Instituto de Estudios Políticos de la UCV.
El Gobierno se encontraba en "un dilema sumamente grande", agrega el politólogo, pues si la huelga seguía creciendo hasta perder el control, los daños hubiesen sido mayores, al igual que las consecuencias internacionales.
Por eso, "prefirió jugarse la carta de dar señales de liberación, con lo que da la impresión de ser un Gobierno democrático que permite el diálogo".
Con la huelga de hambre de 23 días también se logró que, tácitamente, el Estado dé una vez muestra que en Venezuela no hay separación de poderes.
"Ahora pueden decir que no liberaron a nadie sino que los tribunales de justicia tomaron medidas autónomas del Poder Ejecutivo y apegadas al estado de derecho", señala Álvarez.
NEGOCIACIÓN O RIESGOS
El politólogo considera que los estudiantes actuaron de forma razonable al levantar la huelga el pasado martes.
"Terminaron la protesta cuando el Gobierno mostró estar lo suficientemente dispuesto a actuar. Si no aceptaban esas boletas de excarcelación, tenían que mantener el conflicto hasta las últimas consecuencias, lo que implicaba costos altos de salud para los huelguistas", indica.
Mientras Álvarez argumenta que en toda confrontación hay procesos de negociación, el estudiante Lorent Saleh asegura que, durante la reunión que sostuvieron con el ministro de Interior y Justicia, "no hubo negociación porque creemos que los Derechos Humanos no se negocian... lo que hubo fue un diálogo con respeto a pesar de las profundas diferencias ideológicas".
El representante de la plataforma Javu afirma que luchan por la libertad de todos los presos políticos, pero "el Gobierno no era el único factor que interactuaba, sino también la Fiscalía y el TSJ".
La decisión de levantar la huelga de hambre tuvo que ver con el riesgo de acabar con la posibilidad de liberar a siete presos políticos.
"Una cosa era la huelga y otra es la Operación Libertad. Seguimos debatiendo por los demás presos políticos y haciendo las gestiones para que venga Insulza", destacó el joven.
Aunque El Aissami insistió ayer en que los huelguistas reconocieron que muchas de sus solicitudes son inconstitucionales, Saleh lo desmintió y, tras aclarar que no quiere confrontaciones con el Gobierno, explicó que el Estado admitió que en ciertos casos se viola el estado de derecho.
Por: Patty Fuentes Gimón/TalCualDigital
Más allá de la posible liberación de siete presos políticos, el éxito de la huelga de hambre es haber presionado al Gobierno para que, de forma implícita, reconozca la presencia de disidentes privados de libertad en el país.
"Al legitimar la naturaleza de la huelga y movilizar a funcionarios de alto nivel, como el ministro El Aissami, para que se reuniese con los huelguistas que pedían la liberación de los presos políticos, el Estado los reconoce.
Además, accedió a negociar con ellos en mesa de diálogos y realizó gestos importantes como las excarcelaciones de Biagio Pilieri y otros", explica Ángel Álvarez, director del Instituto de Estudios Políticos de la UCV.
El Gobierno se encontraba en "un dilema sumamente grande", agrega el politólogo, pues si la huelga seguía creciendo hasta perder el control, los daños hubiesen sido mayores, al igual que las consecuencias internacionales.
Por eso, "prefirió jugarse la carta de dar señales de liberación, con lo que da la impresión de ser un Gobierno democrático que permite el diálogo".
Con la huelga de hambre de 23 días también se logró que, tácitamente, el Estado dé una vez muestra que en Venezuela no hay separación de poderes.
"Ahora pueden decir que no liberaron a nadie sino que los tribunales de justicia tomaron medidas autónomas del Poder Ejecutivo y apegadas al estado de derecho", señala Álvarez.
NEGOCIACIÓN O RIESGOS
El politólogo considera que los estudiantes actuaron de forma razonable al levantar la huelga el pasado martes.
"Terminaron la protesta cuando el Gobierno mostró estar lo suficientemente dispuesto a actuar. Si no aceptaban esas boletas de excarcelación, tenían que mantener el conflicto hasta las últimas consecuencias, lo que implicaba costos altos de salud para los huelguistas", indica.
Mientras Álvarez argumenta que en toda confrontación hay procesos de negociación, el estudiante Lorent Saleh asegura que, durante la reunión que sostuvieron con el ministro de Interior y Justicia, "no hubo negociación porque creemos que los Derechos Humanos no se negocian... lo que hubo fue un diálogo con respeto a pesar de las profundas diferencias ideológicas".
El representante de la plataforma Javu afirma que luchan por la libertad de todos los presos políticos, pero "el Gobierno no era el único factor que interactuaba, sino también la Fiscalía y el TSJ".
La decisión de levantar la huelga de hambre tuvo que ver con el riesgo de acabar con la posibilidad de liberar a siete presos políticos.
"Una cosa era la huelga y otra es la Operación Libertad. Seguimos debatiendo por los demás presos políticos y haciendo las gestiones para que venga Insulza", destacó el joven.
Aunque El Aissami insistió ayer en que los huelguistas reconocieron que muchas de sus solicitudes son inconstitucionales, Saleh lo desmintió y, tras aclarar que no quiere confrontaciones con el Gobierno, explicó que el Estado admitió que en ciertos casos se viola el estado de derecho.
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