El presidente colombiano Juan Manuel Santos, advirtió este lunes que el gobierno no autorizará a persona alguna para que sostenga contactos con grupos armados, aún con intenciones de paz, al tiempo que reiteró que no habrá zonas desmilitarizadas para negociaciones de paz.
"Lo digo con toda claridad: el Gobierno no ha autorizado a nadie, ni piensa hacerlo -que quede claro, a nadie-, para que sostenga ningún tipo de contactos con grupos al margen de la ley", precisó Santos.
Según el mandatario, "cada cosa tiene su momento y éste no es el momento para esa discusión, ni mucho menos para lanzar propuestas especulativas", sobre posibles contactos o autorizaciones dirigidas a contactar a grupos ilegales para negociar la paz.
El domingo, en una entrevista divulgada por el diario colombiano El Tiempo, la ex senadora y mediadora en la entrega de varios rehenes de las FARC, Piedad Córdoba, pidió autorización a Santos para que le permita dialogar con los grupos rebeldes en búsqueda de un proceso de paz.
"Lo único que quiero es que el presidente me autorice para poder hablar con las guerrillas. Si lo hace, le aseguro que hay resultados", dijo Córdoba.
Para Santos, "no hay nada que más aleje la paz que estar permanentemente hablando sobre ella", y por ello, dijo, en este momento "debemos concentrarnos en construir condiciones de paz y reconciliación".
En otro aparte de su intervención este lunes, el presidente colombiano fue enfático en señalar que en adelante "no habrá zonas de despeje para los grupos violentos, ni zonas vedadas para la Fuerza Pública", como lo estipula la ley de Orden Público, cuya vigencia fue prorrogada por el Congreso por cuatro años más.
Entre otros asuntos, esa ley autoriza al gobierno para entablar negociaciones con grupos armados ilegales.
De acuerdo con el mandatario cualquier esfuerzo de diálogo o de paz que se emprenda en un futuro no traerá consigo las mencionadas zonas ni prohibirá la presencia de la Fuerza Pública, pues -dijo- son figuras "que ya están agotadas en el país".
Entre 1999 y 2002, el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana desmilitarizó una zona del sur del país de 42.000 km2 para adelantar diálogos de paz con la guerrilla de las FARC.
Autoridades luego denunciaron que la zona sirvió para que el grupo insurgente se fortaleciera militarmente, ocultara allí a sus secuestrados y ampliara la extensión de sus cultivos ilícitos, entre otros.
"Lo digo con toda claridad: el Gobierno no ha autorizado a nadie, ni piensa hacerlo -que quede claro, a nadie-, para que sostenga ningún tipo de contactos con grupos al margen de la ley", precisó Santos.
Según el mandatario, "cada cosa tiene su momento y éste no es el momento para esa discusión, ni mucho menos para lanzar propuestas especulativas", sobre posibles contactos o autorizaciones dirigidas a contactar a grupos ilegales para negociar la paz.
El domingo, en una entrevista divulgada por el diario colombiano El Tiempo, la ex senadora y mediadora en la entrega de varios rehenes de las FARC, Piedad Córdoba, pidió autorización a Santos para que le permita dialogar con los grupos rebeldes en búsqueda de un proceso de paz.
"Lo único que quiero es que el presidente me autorice para poder hablar con las guerrillas. Si lo hace, le aseguro que hay resultados", dijo Córdoba.
Para Santos, "no hay nada que más aleje la paz que estar permanentemente hablando sobre ella", y por ello, dijo, en este momento "debemos concentrarnos en construir condiciones de paz y reconciliación".
En otro aparte de su intervención este lunes, el presidente colombiano fue enfático en señalar que en adelante "no habrá zonas de despeje para los grupos violentos, ni zonas vedadas para la Fuerza Pública", como lo estipula la ley de Orden Público, cuya vigencia fue prorrogada por el Congreso por cuatro años más.
Entre otros asuntos, esa ley autoriza al gobierno para entablar negociaciones con grupos armados ilegales.
De acuerdo con el mandatario cualquier esfuerzo de diálogo o de paz que se emprenda en un futuro no traerá consigo las mencionadas zonas ni prohibirá la presencia de la Fuerza Pública, pues -dijo- son figuras "que ya están agotadas en el país".
Entre 1999 y 2002, el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana desmilitarizó una zona del sur del país de 42.000 km2 para adelantar diálogos de paz con la guerrilla de las FARC.
Autoridades luego denunciaron que la zona sirvió para que el grupo insurgente se fortaleciera militarmente, ocultara allí a sus secuestrados y ampliara la extensión de sus cultivos ilícitos, entre otros.
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