Iris Varela vuelve a escurrir el bulto. La ministra culpa a la Gobernación del Táchira de los ocho reos que murieron en una riña el miércoles Los detenidos en retenes policiales no deberían estar allí más de 48 horas, explica Una Ventana a la Libertad. El retardo procesal genera más y más hacinamiento
PATTY FUENTES GIMÓN/TalCualDigital
Para lavarse las manos, la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, responsabiliza a la Gobernación de Táchira del enfrentamiento que se presentó en el Cuartel de Prisiones de ese estado el pasado miércoles y que dejó sin vida a ocho reos y heridos a otros dos.
"Esto pone en evidencia la incapacidad de los gobiernos regionales para asumir el control de las prisiones", dijo la ministra, dejando a un lado que el artículo 272 de la Constitución establece que el sistema penitenciario debe regirse por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales.
Además, según la legislación nacional, los retenes policiales son centros de detención transitoria, donde los reclusos permanecen las primeras 48 horas, cuando son llevados ante el juez a una audiencia de presentación, explica la ONG Una Ventana a la Libertad a través de un comunicado.
"En caso de que el juez considere que la persona debe ser privada de libertad... debe ordenar su traslado a un centro de reclusión adscrito al Ministerio del Servicios Penitenciarios", sostiene la ONG.
El diputado Abelardo Díaz (Copei-Táchira) coincide con Una Ventana a la Libertad y añade que "el hecho de que los retenes policiales estén abarrotados de detenidos es porque el Poder Judicial no actúa a tiempo, a causa de la carencia con la que se manejan los tribunales penales en nuestro país, y no envían a las cárceles aquellas causas que ya pasaron por sus audiencias respectivas".
LOS EFECTOS DEL RETARDO PROCESAL
El hacinamiento, tanto en las cárceles como en los retenes policiales, existe desde hace más de diez años. Sin embargo, la situación empeoró cuando Varela prohibió que se enviaran más personas a los centros penitenciarios.
Específicamente, el Cuartel de Prisiones del Táchira tiene una capacidad instalada para 100 internos y, hoy en día, alberga a más de 300 privados preventivamente de libertad. "La metida de pata de la ministra al decir que no pueden llevarse más detenidos a los penales no es la solución al problema carcelario en nuestro país.
Por el contrario, deben buscarse los recursos necesarios para atender con seriedad el retardo procesal", afirma Díaz.
Esa medida que había anunciado Varela en agosto fue suspendida por órdenes del presidente Hugo Chávez, pero según Una Ventana a la Libertad, "se sigue cumpliendo de manera secreta y con la complicidad de los jueces penales que están ordenando la reclusión en estos retenes policiales que no cuentan con espacios para el trabajo, el estudio, la recreación, el deporte y la cultura".
NO MÁS REOS AL CUARTEL DE PRISIONES
El gobernador de Táchira, César Pérez Vivas dio a conocer ayer la prohibición del ingreso de penados y procesados en el Cuartel de Prisiones de dicho estado con el fin de prevenir que se presenten situaciones de violencia como la del pasado miércoles.
Además, destacó la importancia de darle celeridad a los procesos judiciales para evitar el hacinamiento y "abrir una investigación para establecer las responsabilidades internas en Politáchira por la presencia de armas dentro del Cuartel de Prisiones".
PATTY FUENTES GIMÓN/TalCualDigital
Para lavarse las manos, la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, responsabiliza a la Gobernación de Táchira del enfrentamiento que se presentó en el Cuartel de Prisiones de ese estado el pasado miércoles y que dejó sin vida a ocho reos y heridos a otros dos.
"Esto pone en evidencia la incapacidad de los gobiernos regionales para asumir el control de las prisiones", dijo la ministra, dejando a un lado que el artículo 272 de la Constitución establece que el sistema penitenciario debe regirse por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales.
Además, según la legislación nacional, los retenes policiales son centros de detención transitoria, donde los reclusos permanecen las primeras 48 horas, cuando son llevados ante el juez a una audiencia de presentación, explica la ONG Una Ventana a la Libertad a través de un comunicado.
"En caso de que el juez considere que la persona debe ser privada de libertad... debe ordenar su traslado a un centro de reclusión adscrito al Ministerio del Servicios Penitenciarios", sostiene la ONG.
El diputado Abelardo Díaz (Copei-Táchira) coincide con Una Ventana a la Libertad y añade que "el hecho de que los retenes policiales estén abarrotados de detenidos es porque el Poder Judicial no actúa a tiempo, a causa de la carencia con la que se manejan los tribunales penales en nuestro país, y no envían a las cárceles aquellas causas que ya pasaron por sus audiencias respectivas".
LOS EFECTOS DEL RETARDO PROCESAL
El hacinamiento, tanto en las cárceles como en los retenes policiales, existe desde hace más de diez años. Sin embargo, la situación empeoró cuando Varela prohibió que se enviaran más personas a los centros penitenciarios.
Específicamente, el Cuartel de Prisiones del Táchira tiene una capacidad instalada para 100 internos y, hoy en día, alberga a más de 300 privados preventivamente de libertad. "La metida de pata de la ministra al decir que no pueden llevarse más detenidos a los penales no es la solución al problema carcelario en nuestro país.
Por el contrario, deben buscarse los recursos necesarios para atender con seriedad el retardo procesal", afirma Díaz.
Esa medida que había anunciado Varela en agosto fue suspendida por órdenes del presidente Hugo Chávez, pero según Una Ventana a la Libertad, "se sigue cumpliendo de manera secreta y con la complicidad de los jueces penales que están ordenando la reclusión en estos retenes policiales que no cuentan con espacios para el trabajo, el estudio, la recreación, el deporte y la cultura".
NO MÁS REOS AL CUARTEL DE PRISIONES
El gobernador de Táchira, César Pérez Vivas dio a conocer ayer la prohibición del ingreso de penados y procesados en el Cuartel de Prisiones de dicho estado con el fin de prevenir que se presenten situaciones de violencia como la del pasado miércoles.
Además, destacó la importancia de darle celeridad a los procesos judiciales para evitar el hacinamiento y "abrir una investigación para establecer las responsabilidades internas en Politáchira por la presencia de armas dentro del Cuartel de Prisiones".
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