Como se recordará el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín junto con el comisario Henry López Sisco, entre otros, formaba parte en el año 1988 del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), responsable del asesinato de 14 personas el 29.10.1988 en hechos que fueron conocidos como “La masacre de El Amparo”, y de por lo menos el asesinato de 42 personas en operaciones previas, conocidas como “Los amparitos”.
Tres días antes de la Masacre de El Amparo, el 25 de octubre de 1988, un helicóptero del CEJAP se estrelló mientras realizaba labores de inteligencia. Entre los heridos figuraba el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, comisario Henry López Sisco. En el resto de la tripulación se encontraba el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín. El accidente los imposibilitó de estar presentes en el operativo denominado “Anguila III”, una operación ejecutada finalmente por 19 funcionarios del Ejército, la Disip y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial.
La presunta participación intelectual de Rodríguez Chacín en la matanza del Caño La Colorada ha quedado plasmada en el expedientes del caso, número 1644, folios 42, 43, 44 y 45, manejados en su momento por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente del Táchira.
Henry Salinas, inspector de la División de Inteligencia Militar (DIM), declaró ante la justicia militar “fui testigo de que el R2 y el R3 del CEJAP, Teniente Coronel Clavijo Forero y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, nos convocaron días después a “Hipólito” –alias del inspector de la Disip Celso Rincón Fuentes- y a mí para hablar, una vez más, de preparar ese enfrentamiento”. El 20.06.94 una sentencia de la Corte Marcial que investigaba las actuaciones del CEJAP, presidida por el General Ubaldo López Barrios, dictó un auto de detención contra 11 funcionarios por su participación material en Los Amparitos, entre ellos el Capitán Rodríguez Chacín.
Provea considera que la designación de Chacín como vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en la región Los Llanos, lo cual le confiere un especial protagonismo en la actual campaña electoral significa un aval a la impunidad y es contradictoria con el discurso del partido de gobierno acerca de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes del pasado.
Así como en su momento Provea solicitó las investigaciones acerca de las denuncias contra el diputado José Sanchez Mazuco por violaciones a los derechos humanos, seguiremos insistiendo en realizar averiguaciones oficiales en contra de funcionarios del gobierno señalados en delitos similares, como es el caso del diputado por el PSUV Roger Cordero Lara, autor material de la llamada Masacre de Cantaura.
Sobre el caso de Rodríguez Chacín y la Masacre de El Amparo Provea exige a los poderes públicos:
Que se cumpla con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció la obligación de elaborar a más tardar para el 25 de junio de 2010 un cronograma detallado de las gestiones que realizará para investigar los hechos identificar, y en su caso, sancionar a los responsables.
En cumplimiento de la Ley para Sancionar los crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998 el Ministerio Público investigue al ciudadano Ramón Rodríguez Chacín como presunto autor intelectual de la masacre de El Amparo.
La Fiscal General de la República de respuesta a la solicitud realizada en agosto de 2009 por los familiares de las víctimas y los dos sobrevivientes para que se reúna con ellos en la población de El Amparo.
Globovisión/Nota de Prensa
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