KEYLYN ITRIAGO/TalCualDigital
Las penurias de la familia Brito no murieron con Franklin. Siguen allí, silenciosas, sin resolverse, a la espera de que la justicia venezolana termine de dar respuesta a las peticiones por las que luchó el productor agropecuario a quien le arrebataron las tierras de su fundo en el estado Bolívar. Su viuda, Elena Rodríguez, ha continuado con la pelea.
Desde hace casi dos años, mientras hace cual pulpo para mantener a cuatro bocas más, sigue pidiendo que se investiguen las circunstancias bajo las cuales se produjo el deceso de su compañero sentimental en las instalaciones del Hospital Militar.
Ya lo había dicho en el 2010 Francia Brito: "ya yo lloré lo que tenía que llorar a papi. Ahora a guerrear lo que tengamos que guerrear". El 31 de mayo de 2011, el abogado defensor, Alberto Arteaga Sánchez, interpuso una denuncia ante la dirección de derechos fundamentales de la Fiscalía para que se abrieran las averiguaciones y se establecieran las responsabilidades de todos los hechos que se produjeron desde que Brito fuera trasladado a la fuerza de la sede de la Organización de Estados Americanos.
LE HUYEN A LA CAUSA
"El 11 de agosto supimos que desestimaron la denuncia y la pasaron al penal octavo de primera instancia de control penal, es decir, nos mandaron al Tribunal Supremo de Justicia. En vista de esto, se hizo una nueva denuncia para que se demostrara la arbitrariedad con la que se lleva el caso. Ya estamos en la Sala Penal de recesiones del TSJ, tengo entendido que es la última vía para agotar la parte nacional", explica Rodríguez.
En cuanto a la pelea por la titularidad de las 290 hectáreas de su finca en Iguaraya, que le fueron despojadas por el Instituto Nacional de Tierras, tampoco se ha logrado nada. El respeto al debido proceso, el acceso a la justicia y la arbitrariedad por parte de las instancias nacionales, por lo que Brito protagonizó cinco huelgas de hambre, siguen sin respuestas. Rodríguez cuenta que el Gobierno está reacio a admitir que hubo delito, se mantienen con el argumento de que la denuncia no tenía fundamentación.
Su hija, Ángela Brito, sostiene que el hombre con el que inicialmente tuvieron el conflicto, que era un funcionario del gobierno del estado Bolívar, parece que le alquiló o le vendió las propiedades a una tercera persona que si se quiere es más cerrada a las conversaciones.
"Los vecinos dicen que han allanado la casa y le han encontrado un cementerio de vehículos en su propiedad", señala Rodríguez, quien cuenta que ella misma ha intentado mediar con el señor para que saque su ganado del lugar, pese a que esta tarea realmente le corresponda al Estado venezolano.
LA MUJER MARAVILLA
"Ahora que no está papá y no tenemos las tierras la parte económica es bastante difícil". Relata que su mamá trabaja preparando y vendiendo comida, con su carro hace transporte ejecutivo a personas de confianza y da tareas dirigidas a niños entre 5 y 10 años. Ella sola tiene que encargarse de los gastos de sus dos hijas mayores que cursan estudios en la universidad y de los varones que están próximos a salir de bachillerato.
"Es una carga muy pesada porque además tengo un nieto que está bajo mi responsabilidad. No he tenido apoyo de familiares sino de un grupo de personas que ha reconocido que la lucha de Franklin era justa y ha estado pendiente de si nos falta algo", agrega Rodríguez.
Una vez que terminen de agotar las instancias nacionales, la familia Brito acudirá a las organizaciones internacionales. Rodríguez no puede olvidar que su esposo pasó los últimos 100 días de su vida en una sala de terapia intensiva que convirtió el mismo Estado "en una sala de horror, de tortura, porque allí torturaban tanto a Franklin como a nosotros".
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