No es sorprendente ver en pleno día a camionetas de Corpoelec, con su escalera-jirafa, colocando afiches y pendones del Presidente saliente en los postes de luz. Es apenas un detalle del brutal ventajismo que caracteriza la campaña de Chacumbele.
Desde la "contribución" monetaria a que se obliga a todos los empleados públicos, para fingir que el financiamiento de la campaña proviene del pueblo y no del Tesoro nacional, hasta la utilización obscena de todos los medios públicos, en especial la televisión, durante 24 horas, los siete días de la semana, para las hiperbólicas loas al candidato oficialista, todo el aparato del Estado y del gobierno está siendo utilizado por Chacumbele en clara contravención a la Constitución y a las leyes y reglamentos electorales. Así será hasta el fin de la campaña. Nadie, mucho menos el CNE, tomará cartas en el asunto. Pero no importa, Chacumbele de todos modos perderá. El ventajismo actuará como un boomerang.
Al ventajismo se une ahora, apenas en los primeros diez días de la jornada electoral, la "violencia organizada" como factor intimidador. Hablamos de "violencia organizada" para apuntar su carácter ordenado y dirigido desde instancias de jefatura del PSUV.
En este sentido, la agresión a la marcha universitaria la semana pasada y la tentativa de agresión a la presencia de Capriles Radonski en La Vega, el domingo, constituyen dos muestras suficientemente elocuentes de cómo entiende el oficialismo la competencia electoral.
En este último caso, nuevamente un pequeño grupo de oficialistas trató de bloquear el paso de Capriles y sus seguidores a los barrios de La Vega. Cuando todo apuntaba a una repetición de los sucesos de Cotiza, se hizo presente la Policía Nacional Bolivariana supuestamente para impedir el encontronazo entre ambos grupos y, en la práctica, para proteger a la pandillita de matones, dada la aplastante superioridad numérica de los demócratas. Además, uno de los oficiales policiales reveló que "por órdenes superiores" no podían permitir el acceso de Capriles a la barriada, con lo cual queda definitivamente demostrado el carácter organizado y teledirigido de la acción de saboteo. Es decir, no estuvieron allí para garantizar los derechos de los opositores a transitar libremente por el territorio nacional sino, so capa de impedir un zafarrancho, lograr el objetivo que se planteó la pandillita de matones: que Capriles no pudiera entrar a La Vega.
Pensamos que se hacen necesarios contactos organizados entre gobierno y oposición precisamente para "regularizar" la campaña, antes de que la violencia oficialista se adueñe completamente del proceso electoral. La oposición democrática ha venido haciendo una campaña enteramente pacífica, sin que se hayan producido hasta ahora ninguna clase de desórdenes públicos ni escándalos. Gente del gobierno ha provocado los incidentes producidos. El gobierno no puede ser promotor del desorden público. Está superlativamente obligado a garantizar el orden y a impedir las acciones violentas contra sus adversarios. Sobre todo porque en este país poner la otra mejilla no es propiamente un rasgo cultural nacional.
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