El Estado se hace el loco

Venezuela entró al consejo de DDHH de la ONU con varios pendientes. En Venezuela la justicia está tan distorsionada, que los afectados piden intervención al Poder Ejecutivo

RAÚL ALVARADO/TalCualDigital
"Si al presidente Chavéz le hubiese preocupado nuestra situación, hoy yo no tendría siete familiares muertos, hoy no habría tantos funcionarios asesinando a personas inocentes con inmunidad para no ser investigados y enjuiciados, y hoy no habría tantos fiscales y jueces que se burlan del dolor humano", escribe Eloisa Barrios en una carta que narra el paulatino e impune exterminio de su familia.

Ha transcurrido ya un año desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció estableciendo la responsabilidad del Estado venezolano en la muerte y violación de derechos de siete integrantes de la familia Barrios, dándole la razón a quienes aseguran que fueron funcionarios de la Policía de Aragua los que apretaron el gatillo, varias veces. Pero la sentencia no ha sido ejecutada. Por tanto, ni las indemnizaciones allí establecidas ni la investigación independiente de todas las muertes han sido concretadas.

UN CLAMOR DE JUSTICIA
En Venezuela la justicia está tan distorsionada, que los afectados piden intervención al Poder Ejecutivo. Eloisa Barrios también hace un llamado directamente al presidente Hugo Chávez para que el Estado del cual es jefe, cumpla. "No hemos tenido una respuesta por nadie del gobierno".

Mientras tanto, siguen esperando lo ordenado por la Corte IDH: investigación e indemnización. Ambas cosas siguen "paralizadas".  Afirma la señora Barrios que "ahora que Venezuela ingresó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidad es propicio el momento para que el presidente Chávez cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana, de lo contrario quedará al descubierto el supuesto compromiso en proteger y garantizar los derechos humanos de todos los venezolano".

SANGRE DESDE 1998
Los pesares de la familia Barrios durante los últimos 14 años iniciaron cuando Benito Antonio fue torturado y ajusticiado el 28 de agosto de 1998, en el pueblo de Guanayen (Aragua), sin que hasta la presente fecha los funcionarios de la policía del estado Aragua presuntamente implicados en el crimen hayan sido juzgados y condenados.

Cinco años después, cuando aún no se había determinado responsa- bles por ese homicidio, en 2003, cayó Narciso Barrios. Ambas muertes, y las denuncias de sus familiares que se cansaron de la falta de respuestas, terminaron en medidas cautelares para proteger a esa familia por orden de la Comisión Interamericana en junio de 2004. Pero tal decisión no impidió que el 20 de septiembre de ese año fuese asesinado Luis Alberto Barrios, dos meses antes de las medidas provisionales que dictó, esta vez, la Corte IDH.

El 19 de enero de 2005 ocurrió el homicidio de Rigoberto Barrios. En junio y en septiembre de ese mismo año, la Corte IDH emitió más medidas. El Estado las ignoró todas. Luego cayó Oscar Barrios, en noviembre de 2009, ocasionando otras medidas provisionales de la Corte Interamericana en febrero 2010.

Aún así, algunos meses después mataron a Wilmer Barrios y en mayo 2011 a Juan José Barrios. Según sus familiares, todos fueron asesinados por funcionario de PoliAragua.

El 27 de noviembre de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia contra el Estado venezolano declarándolo responsable por la violación de diversos derechos que garantizan la integridad física y protección de la familia Barrios. Ha pasado un año, y más nada.

Para los Barrios que aún viven el caso revela silencio cómplice de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, y hasta la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales.