Las miserias del INOF

María Lourdes Afiuni destapa el desastre de la única cárcel de mujeres, que tampoco se salva de la crisis penitenciara, marcada por caos y hacinamiento. La jueza reveló agresiones, existencia de pranes y hasta una violación. En lugar de investigar las denuncias, las autoridades quieren demandarla por difamación

RAÚL ALVARADO/TalCualDigital
La crisis de la violencia y corrupción penitenciaria parecía hasta hace poco ajena a la realidad del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Las revelaciones de la exjueza María Lourdes Afiuni sin embargo hacen que ese penal no se aleje tanto de la realidad de los que dominan los pranes.

En el INOF caben 350 reclusas pero conviven más de 900, en evidente hacinamiento. Allí, según Afiuni, el control lo ejerce el grupo llamado "Las Machitos", favorecidas por concesiones de la dirección del penal.

Carlos Nieto Palma, de la ONG Una Ventana a la Libertad, asevera que "hasta hace poco allí no se apreciaba la figura de los pranes femeninos, pero desde hace ya hace 4 o 5 meses, están configurándose figuras similares.

"En las cárceles el poder lo ejercen son los reclusos y no el Estado". Hace un mes, de hecho, se reportó que la modelo Karla Osuna habría sido agredida en el lugar por una pran.

Serían esas "líderes negativas" quienes se encargarían de manejar la distribución y comercialización de alcohol y drogas dentro del penal. "La corrupción está presente en todas las cárceles, y la de mujeres no escapa de eso, aunque no está tan acentuada como las cárceles de hombres", dice Nieto Palma.

INVESTIGUEN LA VIOLACIÓN
María Lourdes Afiuni reveló haber sido agredida y violada. Las autoridades del penal respondieron llamándola mentirosa y amenazando con denunciarla por vilipendio. El abogado José Amalio Graterol, defensor de Afiuni, explica que corresponde a la Fiscalía iniciar una investigación, al ser ahora un hecho público, notorio y comunicacional.

Dice estar "a la espera de que los organismos del Estado se muevan en torno a la investigación" en la que deberían "desengavetar la denuncia hecha el 8 de noviembre de 2010 contra la entonces directora del penal por maltrato al detenido y omisión de socorro".

Graterol afirma que el silencio mantenido en torno a estos hechos fue decidido por los defensores en virtud de recomendaciones de psiquiatras, pero que el presidente Hugo Chávez tenía conocimiento de la situación a través de comunicaciones privadas que se le hicieron llegar y de las que consta fueron recibidas.

El abogado exhorta a la Defensoría del Pueblo "a que se dirija al INOF y clausure la sala de castigo denominada El Tigrito", por cuanto su uso sería violatorio de los derechos humanos de las internas.Hasta ahora, la ministra de prisiones, Iris Varela, no se ha pronunciado sobre este caso.

En este contexto, la diputada regional de Miranda Milagros Valera y el concejal metropolitano Máximo Sánchez, acompañados de ediles de Chacao y El Hatillo, encabezaron una protesta en el marco del Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer en la sede del despacho de Varela, donde denunciaron que la institución poco hace para garantizar los DDHH de las reclusas.