De nuevo se acentúa el cerco al sector de salud privada, aún cuando el sistema de salud pública continúa estando cuesta abajo en la rodada.
En 2010, durante el gobierno de Chávez, se creó una Alianza Interinstitucional de Salud (AIS), integrada por 43 entidades públicas, que perseguía la colaboración de las clínicas y hospitales privadas para la prestación de los servicios de salud a los empleados públicos, y sus familias.
Cabe recordar que el colapso del sistema público de salud en la última década impulsó a los entes del gobierno a trasladar la atención en materia de salud de su personal y familiares hacia las clínicas privadas, las cuales cuentanconun aprox. de 8.000 camas (vs 40.000 del sector público) para cubrir más o menos 55% de la demanda del país.
En marzo de 2012, luego de un año de discusiones entre la AIS y la AVCH (Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales privada), se firmó un acuerdo que estableció que las 10 clínicas tipo I de la Región Capital durante un año aplicarían para los servicios de emergencia, habitación, cuidados intensivos y cirugía un descuento del 38% sobre las tarifas que estaban vigentes desde 2010.
Cabe acotar que en este lapso no se ha llegado a un consenso sobre el baremo de los honorarios médicos, ni se han regionalizado las tarifas ni se ha calificado a las clínicas a nivel nacional, según lo acordado en 2012. Además el gobierno maula no ha cumplido con su compromiso de pago de facturas en el lapso de los 60 días de su emisión y a la fecha, la deuda con las 10 clínicas de Caracas está por el orden de Bs.1,5 millardos.
El gobierno tampoco se ha sentado con los representantes de las clínicas y hospitales como se acordó en 2012, para negociar las nuevas tarifas aplicables a partir de marzo de este año. Y, lo que es peor, ha decidido imponer nuevas tarifas que sencillamente no se ajustan a la realidad del país.
Este 26 de junio, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop), sorpresivamente publicó en Gaceta Oficial una Providencia que fija de manera inconsulta, y de aplicación inmediata, un pírrico incremento de 20% para unas tarifas que llevan tres años de rezago.
Con estas tarifas las clínicas y hospitales no podrán sobrevivir. La inflación acumulada en los últimos 27 meses es de más de 120%, sin hablar de los ineludibles aumentos que vendrán. Ni hablar del impacto de la devaluación (y la falta de divisas) sobre el costo de los equipos y materiales sin los cuales ningún hospital o clínica puede funcionar. Esto aparte del hecho de que las clínicas privadas, más que otro sector, han tenido que aumentar sus nóminas para cumplir con la nueva LOTTT.
Total el torniquete de fijar precios por debajo del costo de producción, que ha destruido a los sectores de la agroindustria y manufactura privados, ahora también estrangulará al sector de salud privado.
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