Este martes 8 de octubre en horas de la tarde Nicolás Maduro solicitó ante la Asamblea Nacional sus primeros poderes especiales para legislar. Esto así, a pesar de que millones de venezolanos aún no han avalado los resultados del 14 de abril que lo montaron en la silla presidencial y sin que el sucesor de Chávez haya respondido las dudas razonables que existen en algunos sectores sobre su verdadera nacionalidad.
Sus argumentos para usurparle las funciones al Legislativo son dos:
1) Combatir la corrupción, la cual en sus palabras es “un asunto crucial, trascendente, de vida o muerte para la República Bolivariana. Si la corrupción sigue reproduciéndose y perpetuando su lógica capitalista de destrucción, aquí no habrá socialismo".
2) Enfrentar la supuesta guerra económica que se vive en Venezuela, aseverando Maduro que el aparato productivo del país "ha sido impactado de una manera muy aguda por distorsiones como el acaparamiento, el contrabando, el mercado de divisas ilegal, una colección de dificultades que bien podríamos bautizar como el cadivismo…”.
Para Maduro, su Ley Habilitante le permitirá “establecer quiénes se están aprovechado de los flujos de dinero y cuáles son los grupos de poder y sus relaciones con la banca, con la actividad aseguradora y con el mercado de valores.
Nadie debe poner en duda que “los rojos…rojitos” que dominan al Parlamento lograrán conseguir por el modo o vía que sea al diputado 99 que les permita aprobar la Ley Habilitante a Maduro. Cabe recordar que para éstos, como para el Príncipe Maquiavelo, “el fin justifica los medios”, así esos medios sean el soborno, el chantaje o la extorsión.
En fin, Maduro obtendrá, como asegura Diosdado Cabello, su ansiada Ley Habilitante, al igual que antes su difunto comandante supremo consiguió cuatro habilitantes que le permitieron decretar en cuatro años y seis meses que duraron en total, 175 leyes que revolucionaron todo el engranaje del Estado y las relaciones Estado-Empresa-Trabajador, y las pautas referenciales de la población para interactuar en la sociedad.
Y no hay tampoco por qué dudar que, al igual que Chávez, Maduro también se extralimitará en sus poderes, incluso pasando por encima de las potestades que los suyos le otorguen. No hay que olvidar que con la última Habilitante que le dieron a Chávez en 2010 por 18 meses con la excusa de la emergencia eléctrica, legisló sobre áreas que nada tenían que ver con la crítica situación del Sistema Eléctrico Nacional. Hoy se conoce por denuncias de algunos expertos en el tema que la emergencia sirvió para dar contratos a dedo y con grotescas sobrefacturaciones a aliados del régimen.
Como bien se explica en el pronunciamiento de la ONG Monitor Legislativo, “aducir la lucha contra la corrupción o el combate a la guerra económica para justificar una Ley Habilitante no son más que excusas para limitar el poder del Parlamento e incrementar el poder y discrecionalidad del Presidente.
La Constitución separó las tareas legislativas de las ejecutivas como medio para reducir la discrecionalidad, los riegos de corrupción y los conflictos de interés, pues de esa manera los representantes del pueblo pueden chequear, revisar y verificar el cumplimiento de las tareas del Presidente, sus ministros y las empresas públicas, protegiendo los intereses nacionales para que los recursos públicos sean usados recta y equitativamente y no para beneficiar a algunos privilegiados en y desde el poder”.
De allí que sólo cabe esperar que de conseguir sus objetivos de legislar a la libre, Maduro sólo buscará profundizar el castrocomunismo, eso obviando si ello agrega una ingente dosis de corrupción y derrumbe económico a Venezuela.
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