CARACAS. El viejo autobús que trasladaba a Adriana Urquiola de regreso a su casa en Los Teques, una ciudad dormitorio en las afueras de Caracas, se detuvo ante una barricada erigida por opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
La joven embarazada de 28 años decidió continuar su trayecto a pie. Pero apenas había dado unos pasos cuando, según testigos, una camioneta negra salió de la espesura de la noche y desde su interior abrieron fuego.
Urquiola recibió varios balazos en el abdomen y uno mortal en la cabeza. Y como ocurre con muchos de los muertos desde el inicio de las protestas en febrero, no está claro quién la mató ni porqué.
Sin embargo su muerte es objeto de disputa en un país donde el Gobierno y la oposición ni siquiera se ponen de acuerdo sobre el trágico balance de los peores disturbios en más de una década.
El Gobierno de Maduro dice que 39 personas han muerto en casi dos meses de protestas. La oposición sostiene que son 28.
En la mayoría de los casos la Fiscalía todavía no ha aportado detalles suficientes para atribuir responsabilidades.
Ante la falta de información, el saldo de la violencia se ha vuelto objeto de una mórbida disputa.
Maduro acusa a la oposición de usar las muertes para sembrar el caos y allanar el terreno para un golpe de Estado con ayuda de Estados Unidos.
"Todos y cada uno de los muertos en hechos vinculados a la violencia, todos, todos, todos, uno por uno, han rendido su vida por culpa de esta guarimba", dijo Maduro la semana pasada refiriéndose a las barricadas.
La oposición, por su parte, asegura que es al Gobierno al que le convienen las muertes para desviar la atención de los graves problemas que detonaron las protestas: la alta inflación, la escasez de alimentos y uno de los índices de inseguridad más altos del mundo.
Muchas de las muertes ocurrieron en circunstancias caóticas, a menudo en la noche, en medio de tiroteos o enfrentamientos a pedradas y perdigonazos entre opositores, grupos de partidarios del Gobierno y las fuerzas de seguridad.
Las víctimas incluyen a manifestantes de la oposición, simpatizantes del gobierno, militares y transeúntes como Urquiola.
¿QUIEN MATA A QUIEN?
Una de las razones de la confusión sobre la cifra de muertos es que Gobierno y oposición usan criterios diferentes.
Entre las víctimas mortales contabilizadas por la administración de Maduro figuran, por ejemplo, dos mujeres mayores que, el Gobierno asegura, fallecieron porque las ambulancias que las trasladaban no llegaron a tiempo al hospital por culpa de las barricadas opositoras.
En donde sí concuerdan ambos bandos políticos, es en que al menos 18 de las víctimas fueron asesinadas por hombres armados no identificados.
El Gobierno dice que 10 personas murieron cuando intentaban cruzar o desmantelar las barricadas, muchos de ellos abatidos por disparos que atribuye -en general sin pruebas- a opositores armados.
También sin evidencias concluyentes, los activistas de la oposición culpan a las hordas de militantes chavistas de abrir fuego contra los manifestantes. La lista de muertos compilada por la coalición que agrupa a los partidos de la oposición, MUD, no especifica quiénes fueron los tiradores.
Ocho militares y policías fueron muertos desde el inicio de las protestas y 17 están tras las rejas en relación con la muerte de cinco civiles, según la Fiscalía.
Del total de fallecidos, ocho pueden ser identificados como partidarios de la oposición y cinco del oficialismo. En los casos restantes, Reuters no pudo confirmar las afiliaciones políticas de las víctimas.
Para complicar más las cosas, Venezuela exhibe índices de violencia comparables con los de un país en guerra y el Gobierno calcula que existen entre 9 y 15 millones de armas ilegales en manos de civiles.
"GATILLO IRRESPONSABLE"
De todas las muertes, la de Urquiola es una de las más polémicas.
Los Nuevos Teques, la urbanización a unos 40 kilómetros al suroeste de Caracas donde vivía y perdió la vida, pertenece al estado Miranda gobernado por el principal líder de la oposición Henrique Capriles.
Y esa misma noche Capriles dijo que la muerte de Urquiola, intérprete de señas para sordomudos en un canal de televisión cuya tragedia conmovió a Venezuela, no estaba vinculada a ninguna protesta.
A la mañana siguiente, sin embargo, el alcalde oficialista del municipio donde murió la joven, Francisco Garcés, culpó a los "grupos violentos" de la oposición de haber apretado el "gatillo irresponsable".
Capriles acusó entonces al Gobierno de inflar las muertes para distraer a la población de la crisis económica que vive el mayor exportador de crudo de Sudamérica, donde escasea el papel higiénico y la inflación supera el 57 por ciento anual.
"Nosotros hemos advertido, claramente, que la violencia sólo le conviene a un lado", dijo el opositor de 41 años, derrotado por Maduro en las presidenciales del 2013 por menos de tres puntos porcentuales. "La violencia le interesa a este Gobierno para tapar la crisis".
Quizá una de las muertes más controversiales fue la primera. O segunda.
Juan Montoya, miembro de un grupo armado de simpatizantes del Gobierno, fue muerto a tiros el 12 de febrero durante un choque entre partidarios de la oposición y fuerzas de seguridad en el centro de Caracas.
Vídeos aficionados muestran a miembros de la agencia de inteligencia Sebin disparando en dirección a la multitud, en medio de una nube de gases lacrimógenos. (http://goo.gl/C3nVQA) Además de Montoya, fue abatido un carpintero de 24 años que protestaba contra el gobierno.
Aunque dirigentes del gobernante Partido Socialista culparon de ambas muertes a "enemigos fascistas", las autoridades arrestaron más tarde a cinco agentes del Sebin en conexión con aquellos primeros disparos que desataron la ola de violencia que estremece hasta hoy a Venezuela.
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