El gobierno de Nicolás Maduro sigue aferrado al mazo, dando y dando garrotazos por donde se le antoja.
Sitia y arrasa con amplias zonas donde las protestas se mantienen invictas, principalmente a San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Valencia, Maracay y el este de Caracas.
La cifra de asesinados por las fuerzas represivas llega a 40, las denuncias de torturados asciende a 59, y son innumerables los heridos y detenidos.
Mantiene a Leopoldo López preso en Ramo Verde, la cárcel militar devenida en prisión para los disidentes políticos, luego de una arbitraria decisión de la Corte de Apelaciones que desestimó la solicitud de anulación de la privativa de libertad del líder opositor. El TSJ además, condena al alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos a 12 meses en prisión (en Ramo Verde) y lo destituye de su cargo, por “no evitar las barricadas” en su municipio, al igual que hizo con el alcalde de San Diego, Enzo Scarano. Y en una de las más aberrantes decisiones del TSJ, la Sala Constitucional dictamina que la diputada María Corina Machado “perdió” su investidura parlamentaria, mediante una manipulada interpretación del artículo 191 de la Constitución, con lo cual comienza a abrirse la puerta de la prisión a esta líder de la democracia.
A la par, la crisis económica se profundiza, la inflación sigue en ascenso, la escasez de productos básicos sigue su galope y se comienza a aplicar la tarjeta de racionamiento controlada con el uso de máquinas biométricas que almacenan las huellas dactilares de los consumidores.
Y como si no fuese suficiente con el caos político y económico que ha potenciado Maduro en lo que va de 2014, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas se saca de la manga una providencia para decretar la venta obligatoria y perentoria de todos los inmuebles que llevan 20 años o más arrendados.
Según esa providencia, las viviendas deberán ser ofertadas con prioridad a los inquilinos que habitan los inmuebles, los cuales deberán ponerse en venta en un fugaz lapso no mayor de 60 días hábiles, so pena de multas hasta de 2.000 Unidades Tributarias, equivalente a Bs.254.000 o, incluso, la expropiación.
Con esta providencia se prorroga una de las disposiciones transitorias de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda”, sobre la que pesa una solicitud de nulidad que introdujo la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR) ante el TSJ, la cual aunque fue aceptada en esa instancia, aún el tribunal no ha emitido su decisión.
Esta providencia impone una expropiación de facto sobre estas propiedades, viola el derecho de propiedad privada que ordena la Constitución, y crea una figura de venta obligatoria que no está contemplada en la norma constitucional venezolana.
Si esta providencia se enmarca en el contexto caótico del país, tal vez pudiera deducirse que es un palo de ahogado o un caramelito para endulzar a un sector de la población que también estaría a punto de ebullición por el incumplimiento de la oferta de viviendas dignas, que luego de cuatro años no llega a cristalizar por el fracaso y corrupción de la Misión Gran Vivienda Venezuela.
¿O será un trapo rojo para desviar la atención del caos general que induce el gobierno? ¿O simplemente evidencia que el gobierno seguirá impertérrito en la ruta confiscatoria de la propiedad privada y la extinción del sector privado de la economía como dicta el castrocomunismo?
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