Si viviéramos en un sistema democrático medianamente serio la oposición no hubiera tenido que incluir entre sus puntos a tratar con el Gobierno el desarme de los grupos paramilitares. Ningún gobierno en el mundo, que se precie de ser democrático y respetuoso de las leyes y tratados en materia de derechos humanos, permitiría la actuación de estos grupos, tal y como ha venido ocurriendo en Venezuela desde el pasado 12 de febrero.
La noche del Día de la Juventud, después de que la cifra de muertos ya llegara a tres, el coordinador de Medios de Provea, Inti Rodríguez, fue secuestrado por miembros del Sebin e integrantes de grupos paramilitares, quienes “tras golpearlo, amenazarlo de muerte y despojarlo de sus pertenencias, lo interrogaron acerca de la naturaleza de su trabajo como defensor de derechos humanos. Al liberarlo le dijeron que si denunciaba irían por sus familiares”. Durante su cautiverio, “escuchó conversaciones que ratifican niveles de coordinación con funcionarios gubernamentales”, dice un boletín de la referida ONG, que introdujo una denuncia ante la Fiscalía. Esperemos que el despacho de Luisa Ortega Díaz no haga lo que acostumbra con este tipo de denuncias.
La semana pasada, en Maracaibo, vecinos de la urbanización Palaima denunciaron que varias viviendas fueron asaltadas por integrantes de grupos paramilitares, quienes hicieron lo que les dio la gana, frente a la vista gorda de miembros de la Guardia Nacional. El gobernador Francisco Arias Cárdenas y el comandante de ese cuerpo armado le deben una explicación al país.
Según informaciones recabadas por Provea, estos grupos paramilitares ya habían actuado antes en hechos puntuales, pero lo que está ocurriendo desde el 12 de febrero demuestra que se trata de una política del gobierno de Nicolás Maduro al reprimir las protestas utilizando estos grupos que rayan con la delincuencia. Al parecer, el Gobierno cree que de esa manera burla su obligación de respetar los derechos humanos.
Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la actuación de grupos paramilitares en Colombia, señalando que la vinculación de los paramilitares con gente del gobierno hace responsable a éste de la actuación de dichos grupos. Además de que el Estado está en la obligación garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los venezolanos.
El fin de semana el vicepresidente Jorge Arreaza dijo que, sea quien sea, el gobierno va a desarmar a los grupos armados. Sus palabras son un reconocimiento de la existencia de estos irregulares, pero lo insólito es que no los hayan desarmado, disuelto y sometido a juicio ya. Pero ocurre todo lo contrario: el gobierno les permite actuar con total impunidad.
Los miembros del Ejecutivo no deben olvidar que las violaciones a los derechos humanos no prescriben, según el artículo 271 de la Constitución. Su actuación desde el pasado 12 de febrero los hace cómplices y corresponsables de los ataques efectuados por estos grupos paramilitares. La paz del país pasa por el respeto del gobierno a la Carta Magna, es lo que reclama el civismo más elemental.
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