En estos tiempos en Venezuela se torna más que vigente la obra Los Juristas del Horror de Ingo Müller, doctor en Derecho y Filosofía, traducida al español por el profesor venezolano Carlos Armando Figueredo, en la cual se narra descarnadamente acerca de la justicia alemana en tiempos de Adolf Hitler. Época esta cuando los jueces utilizaron a la justicia como arma política plegada a quienes detentaban el poder, guardando la apariencia de estar apegados a la letra de la ley para justificar los horrores que los tiempos han develado.
También es momento de traer a colación las declaraciones ante una corte de Estados Unidos, que hiciera hace dos años el ex magistrado Eladio Aponte Aponte, ex fiscal militar y ex presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, según las cuales testifica, como uno de sus protagonistas, del uso manipulado que el Ejecutivo Nacional hizo del Poder Judicial en tiempos de Hugo Chávez. Públicas son sus afirmaciones, por ejemplo, de las presiones que supuestamente recibió para conducir “de manera conveniente hacia el gobierno las investigaciones” de casos particulares. Uno de ellos, confiesa Aponte Aponte, el de los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis, este último aún confinado sin pruebas y sin que se le otorguen la medidas legales de beneficio por su precaria salud. También testificó sobre las reuniones de los viernes en la Vicepresidencia Ejecutiva, en las que afirma se manejaba la justicia en Venezuela, y de donde supuestamente salen las directrices de a quién se le aplicará la justicia revolucionaria.
Estos recordatorios son pertinentes, porque los hechos están demostrando que ese uso político de la justicia permanece vivito y coleando en tiempos de Nicolás Maduro. Una, de otras tantas muestras de ello, sería la rápida decisión que tomó la Sala Constitucional del TSJ, sin antejuicio de mérito ni derecho a la defensa, para despojar de la investidura como parlamentaria a María Corina Machado, basada en una interpretación manipulada del artículo 191 de la Constitución de la República.
Esta interpretación del artículo 191 de la Constitución, como explica a la periodista Elvia Gómez de El Universal, el abogado y profesor en Derecho Nelson Chitty La Roche “se compadece exactamente con lo que se conoce en el ambiente doctrinario como derecho penal del enemigo, que se practicó por aquellos juristas que sostenían el régimen nacionalsocialista, a los que las lecturas de los textos legales servían de acuerdo a la conveniencia del asunto", además indica que esa interpretación “se hizo fuera del contexto, como han sido las recientes decisiones del TSJ contra los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos que, además, desconocen la voluntad popular”. Cabe recordar, que Machado fue la diputada más votada en las elecciones parlamentarias, y que los alcaldes Scarano y Ceballos también recibieron el más amplio apoyo de sus electores.
La buena nueva del actuar apresurado de esta justicia contra la diputada Machado, estaría en que agotadas las vías legales de defensa, pues la Sala Constitucional, la última instancia a recurrir, ya se pronunció, ahora tendría vía libre para elevar su caso a foros internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo cierto es que al igual que los juristas del horror de la época de Hitler y otros regímenes similares, a los de estos tiempos de revolución también les llegará su hora y serán juzgados por violaciones a la justicia y a los derechos humanos.
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