SIMÓN BOCCANEGRA/TalCualDigital
La administración de justicia en nuestro país ha llegado a tal grado de degradación que resulta difícil imaginar una situación aun peor. El Tribunal Supremo de Justicia opera como una máquina de producir sentencias convalidadoras de cualquier acto del Ejecutivo, por aberrante que este pueda ser.
Ya es algo más que una institución al servicio del gobierno; ahora no sería exagerado apuntar que forma parte del gobierno. No es más una institución del Estado, sino del gobierno. Su rol es el de cohonestar vía express todos y cada uno de los actos del gobierno y fallar sistemáticamente en contra de cualquier posición proveniente de la oposición.
Nunca habían estado tan indefensos los venezolanos como en la actualidad. Ocurrir ante la más alta institución del sistema judicial, cuando se trata de llevar allí reclamos o exigencias políticas no oficialistas es una pura pérdida de tiempo. Jamás se producirá una sentencia que favorezca estas posturas. Por el contrario, todo cuanto provenga del mundo oficialista es atendido con extrema rapidez y siempre a favor del gobierno.
Su última hazaña fue la ratificación de la desincorporación de la diputada María Corina Machado, mediante argumentos cuestionables e interesados, convalidando la decisión tomada por el capitán Cabello. Valdría la pena perder el tiempo preguntándole a ese tribunal si mantendrá un silencio cómplice, frente a un hecho ya de por sí irregular, el ascenso a capitán del teniente retirado Diosdado Cabello, lo cual, adicionalmente, lo invalida ipso facto para ejercer como diputado, en tanto que este es un cargo de elección popular. Se sabe que la Constitución prohíbe tal cosa, y el TSJ debería proceder a restituir la legalidad definiendo esta situación.
Fuente: TalCualDigital
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