JOHAN RANGEL/TALCUALDIGITAL
El allanamiento a zonas residenciales donde se realizaron manifestaciones fueron una constante durante los meses de protesta entre febrero y mayo de 2014. De acuerdo con el informe "Venezuela 2014: Protestas y derechos humanos", desarrollado por nueve organizaciones no gubernamentales, los cuerpos de control del orden público Guardia Nacional, Policía Nacional y policías regionales practicaron intervenciones violando normativa internacionales.
La documentación señala que se produjeron 204 ataques. El estado Táchira ocupó el primer lugar con 73 ataques registrados en 38 residencias, urbanizaciones y pueblos; seguido del estado Lara con 59 ataques a 33 residencias y urbanizaciones; Zulia estuvo en el tercer lugar con 49 ataques a 22 residencias, barrios y urbanizaciones; y le siguió Bolívar con 23 ataques en 12 residencias y urbanizaciones.
Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en DDHH (Provea) señaló que esta modalidad implica "reprimir más allá de la protesta".
Agregó que los ataques ocurrieron en 14 estados, "la mayoría de estas zonas fueron sometidas a control militar y estados de excepción no declarados con el pretexto de estar aplicando políticas de orden público".
El mes con el mayor número de ataques fue marzo; no obstante, en el mes de febrero se registró un importante repunte, entre los días 19 y 25, durante los cuales ocurrieron 64 ataques, lo que representa 31% del total. Estas fechas coinciden con el momento en que el gobierno nacional decide la militarización de Táchira, estado en el que hubo mayor número de ataques.
BASTA DE BALAS
En el informe se indica que los ataques se caracterizaron por el uso indiscriminado de productos químicos y balas de perdigón contra personas, casas y edificios, que afectaron a toda la población residente por un prolongado número de horas, siendo la Guardia Nacional el órgano que perpetró el mayor número de ataques.
La actuación irregular de los cuerpos de seguridad ocurrió en el uso de armamento prohibido; obstrucción por parte de los efectivos militares y policiales del acceso a las zonas atacadas, de ambulancias y bomberos para socorrer heridos y apagar incendios, así como de alimentos y bienes esenciales.
El perímetro de las zonas fue en la mayoría de los casos cerrado durante los ataques a periodistas y personas no residentes. Indica el estudio que en algunas zonas y edificios se realizaron requisas de los habitantes que entraban y salían de sus casas.
En más de un 30% de los ataques se produjeron allanamientos en los estados Zulia y Lara. En Táchira ocurrieron 21% de allanamientos durante los ataques o después de ellos. El estado Bolívar fue donde más se utilizó este procedimiento en 61% de los ataques ejecutados.
Alvarado expresó que en 34% de los ataques a viviendas se produjeron allanamientos ilegales, "deteniendo a manifestantes, a personas que no estaban en las manifestaciones, dañando propiedades y en algunos casos lanzando bombas lacrimógenas dentro de las viviendas que fueron allanadas, causando daños graves a las personas que se encontraban allí. El ataque a viviendas de manera masiva es un elemento nuevo en las políticas represivas del Estado venezolano".
Respecto a la presencia de grupos de civiles usando objetos contundentes, el estudio detalla que estos actuaron en 53 ataques. En Lara este porcentaje subió a 37%, siendo el estado donde más presencia tuvo. 64% de las veces que éstos atacaron lo hicieron de forma conjunta con efectivos militares y policiales.
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