El martes un grupo de nueve organizaciones defensoras de los derechos humanos revelaron sus números. Lo que no hace el Banco Central de Venezuela con la inflación y el desabastecimiento desde hace dos meses.
Los datos de las ONG de DDHH estremecen, dada su gravedad. El gobierno viola abierta y flagrantemente los derechos humanos, lo hace con total impunidad y apoyo tanto de la Fiscalía General de la República, de la defensora del Pueblo así como también del Tribunal Supremo de Justicia.
Dicen estas organizaciones que Nicolás Maduro reprime 485% más que su antecesor, mientras que la inflación parece que superará 70% a fin de año.
El mismo día que se presentaba el referido informe, el gobierno presionaba a Televen para que sacara del aire el programa de Luis Chataing, demostrando una vez más su intolerancia y que el humor y la inteligencia no son los puntos fuertes de la administración de Nicolás Maduro. Otra nota en el haber de la censura chavomadurista.
Volviendo al informe sobre DDHH, resalta que en lo que va de año la cifra de detenidos es la más alta en los últimos 25 años. Que equivale al 30% de las personas que fueron apresadas entre 1989 y 2013. El saldo arroja 3.127 detenciones arbitrarias. De ellas, 2.463 ciudadanos fueron sometidos a regímenes de presentación en tribunales, lo que sumado a los 2.400 casos que ya existían, da un total de 4.863 personas sometidas a regímenes de presentación por haber participado en una manifestación en el país. Menos mal que, según Temir Porras, el presidente Maduro es un hombre flexible.
Se contabilizó nada más y nada menos que 157 casos de torturas y malos tratos.
Aunque se le otorga un voto de confianza a la defensora Gabriela del Mar, y esperan que los responsables sean castigados. Claro, que la velocidad de las chicas superalcahuetas ante eventos de este tipo se reduce significativamente.
También se registraron ataques sistemáticos contra viviendas particulares en 14 estados, lo que da una imagen cabal de la extensión de las protestas. Un dato que queremos resaltar es la actuación impune de grupos paramilitares, amparados y protegidos por el Gobierno, la Fiscalía, la Defensoría y los tribunales.
Dichos grupos actuaron en 61% de los ataques contra viviendas particulares, “en coordinación y bajo el amparo de los funcionarios militares y policiales”, siendo Bolívar y Lara los estados donde estas bandas participaron en todos los ataques.
Sabemos que nadie en el gobierno de Maduro va a responder por estas violaciones a los DDHH, pero les recordamos que los crímenes de este tipo no prescriben. La justicia tarda, pero llega.
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