JOSÉ GUERRA/TALCUALDIGITAL
El 13 de enero de 2014, en una entrevista al diario oficialista Ciudad Caracas , el ex ministro de Finanzas y recién vuelto a nombrar ministro de Planificación y Desarrollo, Jorge Giordani, soltó una bomba cuando dijo que en 2013 habían ingresado al país por sus distintas aduanas, más de US$ 20.000 millones en importaciones ficticias.
Esa aseveración de Jorge Giordani fue posteriormente ratificada por la entonces presidenta del BCV, Edmeé Betancourt. Fue tal el impacto que causaron tales declaraciones que evidentemente aparecieron contradicciones en el seno del gobierno, evidenciadas entre las facciones que apoyan y se benefician de la corrupción y aquellas que favorecen la honestidad en el manejo de los asuntos públicos.
Ya en abril de 2013, el diputado de La Causa R por el estado Anzoátegui, el abogado Luis Edgardo Mata, hizo una solicitud ante la Fiscalía General, Luisa Ortega Díaz, para que se abriera una investigación relativa a la asignación de las divisas por parte del SITME, ante la firme presunción de irregularidades en la gestión de ese mecanismo de entrega de divisas. Ha pasado más de un año y la fiscal general todavía no le ha dado curso a la solicitud del diputado Mata.
Cuando ya la opinión pública estaba sensibilizada con el caso Cadivi y SITME, el presidente Maduro de forma sectaria nombró una comisión de su propio partido para que investigara a los militantes de su tolda involucrados en los presuntos ilícitos. Esa comisión se ha desviado del objetivo fundamental y se ha encauzado a averiguar a las empresas que recibieron las divisas preferenciales.
El control de cambios es terreno fértil para la corrupción y el caso en referencia es el de la sobrefacturación, típico de ese régimen cambiario. Obtener dólares preferenciales a las tasas de Bs 4,30 por US$ hasta 2013 cuando funcionó Cadivi y a Bs. 5,30 por US$ con el SITME, propiciaba una oportunidad de arbitraje que solamente existe en Venezuela y que hizo que el mejor negocio fuese tomar por cualquier vía esas divisas preferenciales para transarlas en el mercado paralelo, como efectivamente ocurrió. Pero el pecado original estaba en el sistema mismo y en los funcionarios que lo administraron.
Tres sujetos son claves para develar lo que sucedió con la asignación de millones de dólares para importaciones que nunca ingresaron realmente a Venezuela. En primer lugar el Coronel del Ejército Manuel Barroso, quien se desempeñaba como jefe de Cadivi. En segundo lugar, Nelson Merentes, presidente del BCV y finalmente, José David Cabello, jefe del Seniat, y responsable último de las aduanas. Ha sido tan cuestionada la gestión del Coronel Barroso en Cadivi, que hasta el nombre le cambiaron a esa institución.
Los casos que se ventilan entre los importadores son para escribir una enciclopedia. En lo relativo a Merentes, muy pocos se han atrevido a exigir que lo investiguen, salvo el diputado Mata, por el poder que ese funcionario tiene de distribuir divisas. Lo cierto es que el SITME asignó, bajo la gestión de Merentes, más de US$ 25.000 millones entre junio de 2010 y febrero de 2013, sin que se conozca la metodología que se utilizó para tales asignaciones. SITME fue el reino de la discrecionalidad y existen presunciones firmes de que el mecanismo, aparte del enorme costo que significó para el país, estuvo plagado de irregularidades.
En Venezuela no se puede importar un alfiler sin que este bien pase por una aduana. Importar los montos que reflejan las estadísticas del BCV en 2012 y 2013 en esos dos años, más de US$ 130.000 millones, equivalente a cientos de miles de toneladas, sin que ese volumen fuese inspeccionado por el SENIAT en las aduanas según el manifiesto de importación, denota un cuadro de complicidad entre quienes otorgaban las divisas preferenciales y funcionarios aduanales.
Por ello, cualquier investigación para que sea creíble debe comenzar primero por un escrutinio del funcionamiento de lo que fueron Cadivi y el SITME, en el contexto del esquema de control de cambios. Luego debe procederse a averiguar las responsabilidades de Barroso, Merentes y Cabello. Acá no se sugiere que ellos sean responsables de hechos fraudulentos ni tampoco se emite una valoración personal sobre sus cualidades como administradores de la cosa pública. Simplemente se trata de investigar las denuncias que formuló Jorge Giordani por el enorme daño causado al erario público.
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