El sistema de “administración de justicia revolucionaria” afinca sus garras investigando un supuesto complot de magnicidio, presuntamente instigado por más de una veintena de dirigentes y ciudadanos que han manifestado desde hace años públicamente su rechazo al castrochavismo.
El magnicidio es un cuento chino continuado de la revolución, detrás del que se han escudado unas 30 veces en estos 15 años, siempre sin pruebas creíbles por delante, y como excusa para afinar la persecución política selectiva.
Este supuesto plan magnicida, fue denunciado oficialmente, el 28 de mayo pasado desde el Teatro Nacional de Caracas, por el Alto Mando Político del proceso revolucionario, encabezado por el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez.
En esa oportunidad, Rodríguez indicó que este magnicidio era parte de un plan mayor, que incluía desde un “frustrado golpe de Estado” hasta las protestas callejeras (refiriéndose con ello a las manifestaciones estudiantiles que han sido reprimidas brutalmente por la Guardia Nacional y los grupos paramilitares, con un saldo de 43 jóvenes asesinados, decenas de heridos, 3.180 detenciones, unos 116 venezolanos recluidos en prisiones de alta peligrosidad y 157 7 casos de tortura y tratos crueles e inhumanos).
Según Rodríguez, la lista de los supuestos conspiradores incluye a Diego Arria, María Corina Machado, Pedro Mario Burelli, Ricardo Koesling, Pablo Aure, Henrique Salas Römer, Gustavo Tarre, la dirigente estudiantil Gabriela Arellano y otros más. Las pruebas mostradas para sustentar la acusación fueron supuestos correos electrónicos intervenidos por el gobierno que se habrían cruzado algunos de los acusados.
Haciendo coro a la acusación, hace dos semanas la Fiscalía General emitió citaciones a todos los denunciados, para que pasaran unos por el Ministerio Público, otros por el SEBIN a rendir testimonios, algunos de ellos sin especificarles en calidad de qué condición, si como imputados o como testigos.
Cabe destacar en esta mascarada judicial dos casos:
El primero, el de Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad, exsecretario general Asistente de la ONU y creador de la Fórmula Arria que sirvió para abordar la crisis de la extinta Yugoslavia. Al exembajador Arria, citado como testigo, según la Fiscal General le fue librada orden de captura a través de Interpol, 24 horas antes de la fecha de comparecencia, al igual que le fueron libradas a Burelli y Koesling, todos ellos en el exterior.
El segundo, es el caso de María Corina Machado, quien acudió este lunes 16 de junio ante el Ministerio Público, también en calidad de testigo.
La presentación de Machado fue precedida de múltiples amenazas del oficialismo, encabezadas por la acusación de “asesina”, que le endilgara públicamente Nicolás Maduro y las amenazas de algunos diputados que vía twitter le anunciaban que “la esperaban en el INOF”, la cárcel de mujeres conocida por los maltratos y vejámenes contra la ex juez María Lourdes Afiuni, la presa de Chávez.
Por ahora, las amenazas de prisión contra Machado no se cumplieron. Fue a Fiscalía, testificó por siete horas y salió, en medio de un contingente desproporcionado de guardias nacionales.
Machado, aunque ha sido despojada ilegal y arbitrariamente de su investidura parlamentaria, hasta los momentos, ha logrado superar golpes de diputados dentro del Hemiciclo parlamentario, que le fracturaron la nariz y el pómulo, así como los señalamientos de terrorismo por protagonizar, junto con Leopoldo López el movimiento La Salida, con el que se abanderó las manifestaciones del 12 de abril.
Aún cuando, como dice Machado, el ensañamiento en su contra busca aniquilarla moral y físicamente, su valentía para afrontar a Chávez y a Maduro; su proyección internacional que la ha sentado en la Casa Blanca, con el presidente George Bush, y en la silla de Panamá en el Consejo Permanente de la OEA, parece que la han convertido en un hueso duro de roer para el castrochavismo.
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