Nos referimos al caso de la ciudadana María Corina Machado, quien compareció ayer ante el ministerio público para dar su versión de unos hechos sobre los cuales tiene o ha de tener conocimiento, de acuerdo con la autoridad que la convocó. Muchos pensaron que no debió presentarse porque se trataba de una ardid para incriminarla en diversos delitos, mientras otros consideraron que presentarse y quedarse encerrada en un calabozo eran la misma cosa. ¿Por qué tantos temores, tantas aprehensiones?
Las preocupaciones carecen de fundamento si consideramos la actividad por la cual se ha caracterizado la ciudadana en cuestión. Ha dado la cara durante una década, sin descansar casi. Ha estado a la vista de la generalidad de las personas, sin conductas capaces de producir dudas. Su posición contra el gobierno, enfática y sin dobleces, expresada en la AN y en la plaza pública, remite a una decisión personal y a una convicción política distinguidas por una contundencia con la cual no se puede estar de acuerdo, pero de la cual no se pueden esperar expresiones ocultas o torcidas como las que pretenden atribuirle los voceros del gobierno. Así las cosas, debía, en situaciones de normalidad, en vicisitudes ordinarias de la administración en países respetuosos de las leyes, pasar por un interrogatorio de rutina para volver en paz a su trabajo de dirigente política o los asuntos de su vida privada sin que nadie se atormentara por eso.
Sin embargo, las preocupaciones tenían y tienen fundamento de sobra. Antes de comparecer ante la Fiscalía, alguien la acusó de asesinato. Esa mujer es una asesina, dijo un aventurado denunciador en una intervención inadmisible y escandalosa si descubrimos su procedencia. Desde su elevada tribuna y sin un segundo de vacilación, el presidente Nicolás Maduro tuvo la avilantez de asegurar que la ciudadana María Corina Machado era una asesina. Sin mostrar una sola evidencia y con el objeto de preparar el camino de un juicio político con sentencia anunciada, el jefe del Estado se atrevió a acusarla de un delito atroz que no ha cometido, porque sin pruebas ni cadáveres nadie puede ser calificado de asesino por el presidente de la república, ni por nadie que no quiera actuar con ilegítimas y torcidas ventajas. Un afectuoso y prudente diputado del oficialismo le hizo coro al primer magistrado, pues se atrevió a pedir para ella la pena de muerte en un país que, por su vocación republicana y por lo que ha luchado por los derechos de la ciudadanía, eliminó los patíbulos desde el siglo XIX.
En propiedad se debería hablar aquí del caso de la diputada María Corina Machado, pero todos sabemos que su curul fue objeto de un arrebatón consentido después por los jueces. Ahora debemos llamarla solamente ciudadana, por lo tanto, título al que hace honor por su conducta de luchadora incesante después de sufrir el escamoteo de un escaño originado en las soberanía popular. De lo cual se deduce que no estamos únicamente ante un acto violento y susceptible de rechazo que lleva a cabo el autoritarismo contra una compatriota que ejerce unas prerrogativas que la autoridad no puede impedir sin faltar a la ley y a la decencia, sino también ante una ataque contra sus masivos electores. Las preguntas que se formulan sobre su destino, sobre lo que le pueda suceder después de un preocupante interrogatorio en la Fiscalía, traspasa las barreras de lo estrictamente personal para convertirse en asunto primordial para el bien común.
Fuente: El Nacional
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