El gobierno venezolano se ha caracterizado en estos tres lustros en acusar o endosar a otros los pecados o delitos que él acomete. Así le ha transferido a cientos de ciudadanos, e incluso a otros gobiernos, complots de asesinatos, de intentos de magnicidios, violación de leyes, irrespeto a la Constitución o transgresiones a la soberanía nacional y a la patria.
Ese bamboleo le sirvió a Chávez, y ahora a Maduro, para someter a la disidencia interna y para acorazarse frente a la opinión de la comunidad internacional.
En su mira hacia el exterior, aunque no han estado a salvo mandatarios ni ex mandatarios ni líderes reconocidos, ha sido Estados Unidos, o el pernicioso Imperio, su principal foco para gestar acusaciones sin pruebas por delante. Sin embargo, ahora pareciera que la mira se ha virado hacia Canadá, tal vez debido a la firme actitud de este país para rechazar los desmanes antidemocráticos y las violaciones a los derechos humanos de los revolucionarios venezolanos.
Esta presunción tiene su basamento en las recientes acusaciones que lanzara contra la embajada de Canadá, José Vicente Rangel, quien funge como pregonero del régimen, indicando que esta se encuentra “cada día más comprometida en extrañas actividades contra el Gobierno constitucional venezolano". Lanzó Rangel, desde su programa dominical transmitido porTeleven, en el segmento Los Confidenciales, que tenían “informaciones de inteligencia”, que señalaban que por la embajada habían ingresado a Venezuela una treintena de “miembros de un importante organismo de inteligencia conocido internacionalmente", especialistas en actividades desestabilizadoras. Y, como de costumbre, tan delicadas acusaciones no estuvieron acompañadas de prueba alguna, pero sí recibieron la solidaridad automática de Raúl Castro.
Pareciera que ya ha pasado la época cuando las personas y los gobiernos dejan pasar por debajo de la mesa estos despropósitos de la dirigencia revolucionaria. La semana pasada, por ejemplo, Pedro Mario Burelli, con pruebas aportadas por Google y expertos cibernéticos, corroboró que los “emails presentados por funcionarios del gobierno venezolano como prueba del plan magnicida no residen en servidores de Gmail”, y que dichos correos electrónicos fueron efectivamente falsificados.
Ahora, las acusaciones de Rangel recibieron rápidamente una contundente respuesta del Gobierno de Canadá, a través de su embajador designado en Caracas, Ben Rowswell. El Embajador negó de forma contundente la acusación asegurando en su respuesta que ambos gobiernos tienen “un entendimiento para conseguir puentes. Hemos tenido algunas diferencias de opiniones y queremos mejorar nuestra comunicación".
Se pregunta VenEconomía si la acusación de Rangel surgió de manera espontanea, o tiene alguna relación con el informe del Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS), un think thank global asentado en Washington DC, y del Instituto de Canadá de Análisis Social y Económico (ISEA), publicado el mes pasado y en el que se documenta la penetración que estarían haciendo inmigrantes iraníes a Canadá y Estados Unidos, aprovechando supuestamente las facilidades que les daban los gobiernos de Venezuela y Cuba, entre otras, la emisión de pasaportes y visas fraudulentas, para actuar como caballos de Troya a fin de vulnerar la seguridad de esos países, lo que lleva a sus autores a recomendar a los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos el reforzamiento de la vigilancia en sus procesos migratorios.
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