JDG/Globovisión/AFP
El presidente boliviano, Evo Morales, posesionó este jueves con un decreto a 18 magistrados titulares y suplentes en el Poder Judicial, que ejercerán sus cargos hasta fin de año, cuando se realicen elecciones populares para nombrar a todas las autoridades en la justicia. Morales juramentó a cinco autoridades de la Corte Suprema de Justicia, diez (cinco titulares y cinco suplentes) del Tribunal Constitucional y tres del Consejo de la Judicatura, en un acto público realizado en la sede de la justicia en la ciudad de Sucre.
El decreto señala que todos ellos cumplirán sus funciones "hasta la posesión de las autoridades elegidas mediante sufragio universal" que se realizarán el 5 de diciembre de este año, de acuerdo a lo que establece la nueva Carta Magna.
Las 18 nuevas autoridades completarán las acefalías que existen en las tres instancias del Poder Judicial.
Morales defendió su decisión de nombrar por decreto a los magistrados, pese a que la oposición señala que la medida es inconstitucional, pues afirma que es atribución del Congreso proponer candidatos para el Tribunal Constitucional y del Consejo de la Judicatura para la Corte Suprema de Justicia.
El mandatario recordó además que el Congreso, controlado por su partido, aprobó hace una semana una ley que le otorga la facultad de elegir jueces.
"No estoy designando (a los jueces) para defender a Evo Morales. Si yo cometo un error, métanme a la cárcel. Si tengo un ministro que comete un error, métanlo a la cárcel", dijo el gobernante a los flamantes magistrados.
La derecha política deslegitimó a los nuevos magistrados y anunció que denunciará el hecho ante organismos internacionales, porque teme que estas autoridades perseguirán judicialmente a los opositores.
En la Corte Suprema se tramitan a la fecha varios juicios de responsabilidades contra adversarios de Morales, mientras que el Tribunal Constitucional tiene la llave para controlar la constitucionalidad de las leyes del Congreso y de los decretos presidenciales.
En tanto, el Consejo de la Judicatura es clave para procesar a jueces o fiscales que cometan irregularidades o calificar los ascensos de categoría en el escalafón judicial.
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