En una carta dirigida al presidente venezolano Hugo Chávez, HRW señaló que mientras el presidente venezolano no asuma en su territorio los estándares internacionales de respeto a las garantías individuales como lo ordena la Asamblea General de la ONU, no tendrá calidad moral para pertenecer a esa instancia.
En la carta, el director ejecutivo para las Américas, y la directora de Promoción Global de HRW, José Miguel Vivanco y Peggy Hicks, respectivamente, hicieron un breve recuento de algunos casos graves y recomiendan la adopción de “medidas urgentes para revertir políticas y prácticas (…) que han socavado las garantías de derechos humanos en varios ámbitos cruciales” de Venezuela.
La postulación de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue presentada dos meses después de que el gobierno de Hugo Chávez repudió la Convención Americana de Derechos Humanos, de manera que los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no tendrán jurisdicción para analizar denuncias por abusos a los venezolanos después de transcurrido un año.
Insistieron en que “la situación actual de Venezuela en cuanto a promoción y protección de derechos humanos no satisface los estándares requeridos” para formar parte del CDH de la ONU, y recordaron los casos que exhiben la falta de independencia del Poder Judicial, de libertad de expresión y de “persecución a la sociedad civil” denunciados por los propios venezolanos.
Destacaron el arresto domiciliario que sufre la jueza María de Lourdes Afiuni, quien en 2009 otorgó la libertad condicional a un banquero “conocido crítico del gobierno, que había estado en prisión preventiva durante casi tres años” sin que se le formalizara un juicio por corrupción, por el que fue detenido. También recordaron que por la liberación y la atención a una recomendación de la ONU, Chávez ordenó el encarcelamiento de la jueza, por 30 años; de esa pena sólo cumplió dos en prisión, y a partir de 2011 está bajo arresto domiciliario.
Vivanco y Hicks advirtieron a Chávez sobre la legislación impulsada por sus simpatizantes en la Asamblea Nacional para aprobar leyes que “amplían la capacidad del gobierno para restringir el ejercicio de la libertad de expresión y castigar a los críticos”, lo que le ha permitido al gobierno que “suspenda o cierre abiertamente canales de televisión y estaciones de radio”, como ocurrió con la emisora RCTV, en tanto que las sanciones administrativas contra los críticos han impuesto un régimen de autocensura entre demás medios y periodistas.
En cuanto a la sociedad civil, los directivos de HRW sostuvieron que Chávez y sus aliados en la Asamblea Nacional también han legislado para “para frustrar el trabajo de algunos defensores de derechos humanos venezolanos a través de medidas que aumentan la capacidad del gobierno de impedir que obtengan financiamiento, información, personería jurídica y visibilidad pública que necesitan para que sus acciones sean efectivas o disuadirlos para que desistan de estos intentos”.
Además de recomendar a Chávez corregir las situaciones anteriores, lo defensores le recordaron que si desea que Venezuela pertenezca al CDH de la ONU, deberá acatar la Resolución 60/51 de la Asamblea General de la ONU, que insta los miembros del CDH a cooperar con el consejo y con sus distintos órganos.
Vivanco y Hicks recomendaron a Chávez invitar a Venezuela a relatores especiales, comités y grupos de trabajo del CDH de la ONU, y reactivar las solicitudes que han hecho, sin éxito, para acudir al país sudamericano los relatores del derecho a la libertad de opinión y expresión, el de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el de defensores de derechos humanos; la encargada de revisar la independencia de magistrados y abogados, y de libertad de asociación y reunión.
A todo ello, sostuvieron, Chávez “debería implementar todas las recomendaciones aceptadas que se formularon en el Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela, efectuado en 2011, y reconsiderar algunas importantes recomendaciones que fueron rechazadas”, durante ese ejercicio.
Por último los defensores de HRW sostuvieron que “la elección del Consejo de Derechos Humanos ofrece a Venezuela una oportunidad clave para tomar un nuevo rumbo en materia de derechos humanos”, y le recordaron que mientras su gobierno desdeñe los señalamientos que se le han hecho, “la situación de los derechos humanos en Venezuela continuará siendo precaria, y la posibilidad de que tenga una intervención creíble en temas de derechos humanos en el Consejo es sumamente escasa”.
Cort. proceso.com.mx
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