Hace 63 años, la filósofa y escritora rusa Alissa Zinovievna Rosenbaum, más conocida en el mundo de las letras bajo el seudónimo de Ayn Rand, escribió en su novela La rebelión de Atlas, unas contundentes palabras que describen a la perfección la deplorable realidad de la Venezuela de estos años de imposición de un régimen híbrido, donde se mezclan comunismo, incompetencias, ignorancia y corrupción.
Afirma crudamente, y tal vez de forma premonitoria, Ayn Rand que
"Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada;
Cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican, no bienes, sino favores;
Cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo
y que las leyes no nos protegen contra ellos, sino, por el contrario, son ellos los que están
protegidos contra usted;
Cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio,
entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada."
En Venezuela en estos últimos 14 años se viene cumpliendo trágicamente de manera persistente cada una de estas perniciosas premisas:
Para poder seguir cumpliendo su rol de productor de cualquier tipo de bienes y servicios, todo el sector productivo ha sido condenado a cumplir con una arbitraria e ilegal red de permisología y controles a merced de una burocracia corrupta.
Sobran las denuncias de casos de corrupción de personeros cercanos al oficialismo y de seudo empresarios que han medrado del erario público, o de las multimillonarias cuentas de los llamados “boliburgueses” que están resguardadas en paraísos fiscales.
Esta semana, sin ir más lejos, circula en la prensa nacional e internacional, un informe elaborado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, siglas en ingles), donde tras 15 meses de investigación, se identifican las grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales, con 12.000 movimientos de empresas y cerca de 13.000 personas implicadas. Entre ellas aparecen las vinculaciones de soborno de figuras del gobierno de Venezuela y su estatal petrolera incluyendo, entre otros, el caso Francisco Illarramendi, Moris Beracha y su esquema Ponzi, donde desaparecieron millones de dólares del fondo de jubilación de los trabajadores de PDVSA.
Este caso es apenas uno de cientos especificados en el informe que también cuenta los casos de corrupción de Pudreval, Plan Bolívar 2000, el maletinazo de Antonini, el Central Azucarero Ezequiel Zamora, todos ellos olvidados en algún cajón del sistema de justicia en manos del oficialismo.
Mientras, decenas de venezolanos están pagando injusta prisión, sin prueba alguna de los delitos que se le imputan, y otros cientos sufren el exilio por similares razones de persecución de los tribunales del horror castrocomunista.
Este 14 de abril, los venezolanos tendrán, por segunda vez en menos de un año, la oportunidad de salir de este sopor de corrupción, y de la atadura que imponen los controles, las injusticias y las ilegalidades, para así comenzar a construir el camino de oportunidades que permitan sacar el país del atraso jurídico, económico y social. ¿O se dejará perder la República?
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