KEILYN ITRIAGO MARRUFO/TalCualDigital
Las calles llevan más de una semana encendidas por las protestas que ha encabezado el movimiento estudiantil y las denuncias por detenciones arbitrarias, así como ataques por parte de funcionarios policiales, particularmente en la zona andina del país.
Mérida ha sido hasta ahora la entidad más afectada por la represión, según cuenta la dirigente estudiantil de ULA, Gaby Arellano, quien denuncia que hasta este fin de semana continuaban las agresiones no sólo de los uniformados sino ahora también de colectivos armados.
"Tenemos un cálculo de cerca de más de 200 jóvenes heridos, muchos con perdigones en la cara y piernas. Jorge Suárez recibió un balazo cerca del tórax el jueves en la tarde. Fue operado y está en recuperación. Y el sábado otro compañero tuvo un roce de bala en el hombro. Está más estable", asegura.
En Táchira, de acuerdo con lo que explica Arellano, siguen las movilizaciones y actividades pacíficas y por ahora los cuerpos de seguridad no han actuado violentamente, a diferencia de los días jueves, miércoles y martes, en los que sí arremetieron fuertemente.
Indica que en este estado hay siete detenidos: cuatro que se encuentran en San Cristóbal (incluyendo dos menores de edad) y tres que fueron trasladados a la cárcel de Coro con un expediente exorbitante.
TAPAR EL DESCONTENTO
Para el coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Marco Antonio Ponce, la represión y la criminalización son el arma del Gobierno para contener el descontento social.
"Las recientes acciones represivas, con detenciones, torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes, dejan en evidencia a un Gobierno que quiere someter por la fuerza a sectores que piensan distinto y lo hacen público. Los jóvenes venezolanos están en todo el derecho de salir a las calles a expresar pacíficamente su descontento con las políticas de Gobierno", sostiene Ponce, al tiempo que recuerda que la represión contra manifestantes es una clara demostración de violación de derechos humanos.
El sábado el presidente Nicolás Maduro pidió la actuación de los cuerpos de seguridad ante los "loquitos y violentos" que están "llamando a derrocar" su Gobierno. "Se va a aplicar toda la ley, ya tenemos 4 detenidos y van a la cárcel. No va a haber perdón, porque después empiezan a decir que están enfermos, y comienzan campañas nacionales e internacionales", añadió.
A juicio de Ponce, este tipo de discurso del mandatario promueve la criminalización y el desprestigio de quienes piensan políticamente diferente.
"No solo con estos manifestantes; también lo vemos contra periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Con ese discurso el Presidente está provocando el enfrentamiento entre el mismo pueblo. Porque a fin de cuenta los militares y policías que reprimen también son pueblo. Estamos en presencia de un Estado que cada día se aleja más del carril democrático", sostiene.
Representantes de la Federación de Abogados de Venezuela, Foro Penal Venezolano, Nueva Conciencia Nacional, Fundepro, Damas de Blanco, Fundeci, Una Ventana a La Libertad, Mujeres de Negro, Espacio Civil y la organización Mujer y Ciudadanía; firmaron un comunicado el día de ayer denunciando la violencia y el abuso que desde el poder se está cometiendo contra estudiantes y líderes juveniles que se han volcado a las calles y que han sido repelidos brutal y violentamente.
REALIDAD ESCONDIDA
Gaby Arrellano denuncia que los ataques a las protestas recientes se han invisibilizado en los medios regionales. "La radio y los canales de televisión no pasan nada. Los impresos medianamente", acota.
Asimismo, señala que se tiene una orden de captura emanada presuntamente por el gobernador de Mérida contra el secretario general de la FCU de la Universidad de Los Andes, Vilcar Fernández, a quien se le está acusando supuestamente de hurto, robo y secuestro.
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