En estos 15 años Venezuela ha visto cómo los gobernantes de turno violan impunemente todo tipo de derechos, cometiendo infinidad de trasgresiones a la Constitución y leyes internacionales.
Hugo Chávez y Nicolás Maduro, guiados por la cartilla escrita en 55 años en la isla de los Castro, han constreñido los derechos de propiedad, a la libertad de empresa, a la información objetiva, oportuna y veraz, al derecho de disentir, o incluso al derecho a la vida, la cual vale hoy menos que la bala que sale de los gatillos alegres armados por sectores del oficialismo.
Hasta ahora, las armas principales del gobierno en su esfuerzo de controlar las protestas han sido las mentiras, la propaganda, las promesas incumplidas y el control de los medios. Este año, no obstante, el gobierno está optando por la represión cada vez con un mayor descaro, oscilando del despido de un sindicalista petrolero por haber denunciado fallas en el manejo de las refinerías, a la dispersión de las protestas con plomo (y no perdigones).
Es el caso, por ejemplo, de un grupo de siete personas que hace un poco más de una semana protestó en los alrededores del Hotel Venetur, en la isla de Margarita, donde se alojaba la selección cubana a la Serie del Caribe. Buscaban saltar el cerco mediático impuesto en el país, y dar a conocer a la prensa internacional la injerencia de los Castro en los asuntos internos de Venezuela. Sobre estos venezolanos se ha hincado la fuerza judicial, acusándolos de por supuesta instigación pública, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir, y se les ha recluido en una cárcel en Barcelona de alta peligrosidad, sin ser delincuentes. Varias ONG han llevado el caso ante la OEA.
Ahora, desde hace casi una semana las redes sociales, saltándose el bozal de los medios de comunicación, dan a conocer el derroche de represión policial, militar y los colectivos paramilitares del gobierno, contra los estudiantes de Táchira y Mérida que protestaban por los altos índices de inseguridad en esos estados. A estos jóvenes estudiantes los han baleado, golpeado y llevado a prisiones de alta peligrosidad ubicadas fuera de su jurisdicción. Este es el caso de los estudiantes detenidos en Táchira y trasladados a la cárcel de Coro, conocida por la ferocidad de los enfrentamientos de los reclusos.
Y aunque usted no lo crea, la consejero universitario de la ULA, Gabriela Arellano informo que tuvieron que pedir a los pranes de la cárcel de Coro protección para los estudiantes, debido a que los custodios pretendían aislarlos y darle una golpiza.
Los hechos están demostrando que incluso los pranes de esta prisión parecieran tener mejor sentido de la justicia que el gobierno, pues son ellos los que están ofreciendo a los estudiantes las garantías de vida que el Estado transgrede.
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