Presionado por una feroz crisis económica, el régimen de Nicolás Maduro avanza rápidamente hacia la consolidación de las comunas, agrupaciones inspiradas en los Comités de Defensa de la Revolución cubana que en Venezuela han de servir como la piedra angular de un Estado mucho más controlador y represivo, y de una sociedad con menores libertades, dijeron analistas.
Las comunas, que ya llevan algunos años operando en Venezuela, están diseñadas para construir una arquitectura del poder más acorde con las necesidades de la Revolución Bolivariana de controlar a sus ciudadanos, en lo que eventualmente suplantaría el modelo de Estado esbozado en la Constitución del 1999.
Estas organizaciones, que inconstitucionalmente pretenden remplazar a la parroquia como la agrupación más básica del Estado, fueron vendidas a la población como un nuevo instrumento de empoderamiento para los habitantes de las zonas marginales.
Sin embargo, ese no es el verdadero papel para el que fueron creadas, advirtió Carlos Blanco, ex presidente de la venezolana Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE).
“Las comunas son instrumentos concebidos más que para organizar el poder popular, es para controlar a los ciudadanos a través de un instrumento que es dirigido desde el propio gobierno, desde la Presidencia de la Republica”, agregó.
Es una organización que está siendo promovida como un instrumento para conectar al pueblo directamente con el Estado, de manera que la población, y en particular los habitantes de los sectores pobres, puedan participar directamente en las decisiones que afecta a sus comunidades.
Pero el poder en realidad fluye de arriba hacia abajo, y no a la inversa como se profesa, y quien realmente va a ejercer el poder en estas organizaciones es la cúpula del chavismo y su líder, Nicolás Maduro.
Bajo la retórica chavista, el poder popular es fundamental porque “el pueblo” en acción es depositario directo de la soberanía nacional, explicó Blanco.
“Sin embargo, el problema que tiene esto es que lo que el régimen venezolano ha llamado el pueblo, en realidad es una metáfora del poder que antes estaba en Chávez y que ahora recae en Maduro”, dijo Blanco.
“En la lógica de regímenes como éstos, el pueblo está representado por el gobierno y en definitiva por el jefe del gobierno, cuya voluntad es por definición, la voluntad del pueblo. Ellos dicen representar la voluntad del pueblo y cuando ellos hablan, por su voz, habla el pueblo, por su propio criterio”.
Siendo la voz de Maduro la voz del pueblo, las decisiones de Maduro serían también las decisiones del pueblo, dijo.
“En consecuencia, lo que yo organizo como gobierno, que son estas comunas, es lo que es el poder popular y por lo tanto, el poder popular es lo que yo deseo que sea el poder popular, lo que yo financio, lo que yo controlo. Es como un juego de espejos donde el gobierno organiza unos instrumentos para justificar las decisiones que toma sin consultar a esos instrumentos”, describió.
Los expertos consultados dijeron que el chavismo pretende convertir el modelo en la nueva arquitectura del Estado venezolano, con las comunas, los consejos comunales, la federación de comunas y la confederación de comunas reemplazando eventualmente lo que hoy en día son las parroquias, los municipios, las ciudades, los estados y el gobierno federal.
Pero el modelo también busca trasladar al Estado un mayor control sobre la economía.
Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Inter American Trends, dijo que el régimen de Maduro está aprovechando la actual crisis económica para acelerar el modelo cuyo control sobre la economía está siendo descrito por el chavismo como la solución a la guerra económica emprendida por el empresariado.
Según el informe de Inter American Trends, esa es una de las razones detrás del la recién introducida Ley de Costos y Precios Justos, que entre otras cosas declara que todos los bienes de producción con considerados como de interés social, lo que prepara el camino para que puedan ser expropiados.
Pero si bien la crisis sirve de excusa para acelerar el proceso, la aplicación del modelo siempre estuvo en la mente del chavismo.
“El Estado Comunal es el verdadero fin del Socialismo del Siglo XXI donde el poder es ejercido por el gobierno autoritario y no por los ciudadanos. Hasta ahora todo ha sido un medio”, sentenció De La Cruz.
Leonardo Palacios, abogado y experto en materia constitucional, dijo que el modelo político económico que se quiere aplicar en Venezuela están inspirado en el cubano, y preve un control casi absoluto del Estado sobre la economía.
Para ello, el régimen de Maduro probablemente incrementará las expropiaciones, que los asesores cubanos del chavismo consideraron era una alternativa valida a la confiscación, para debilitar aún más al poder económico, que siempre consideró su enemigo.
Esos planes ya pueden ser vistos en la legislación venezolana, dijo Palacios.
“El sistema económico comunal, por ejemplo, establece los dos tipos de propiedad social. La propiedad social directa del Estado, cuando el Estado expropia y asume la explotación económica, y la otra forma de propiedad social es cuando el Estado expropia y se las entrega a los trabajadores o a otras instancias del poder comunal, que están definidas en la ley del poder popular”, explicó.
Pero de todas las leyes recientemente aprobadas para seguir avanzando con la transformación del Estado, la más preocupante es la nueva ley orgánica de precios justos.
“Es peor y mucho más draconiana que la ley de costos y precios. En el articulo 7, se establece la utilidad pública y el interés social de todo lo que el sector privado tiene, las instalaciones de la empresa, los camiones, la línea de producción, todo”, expresó Palacios.
Eso quiere decir que toda empresa corre el riesgo de ser confiscada ante el menor capricho de los cientos de funcionarios de bajo rango que están por salir a la calle para monitorear los precios.
“La ley dice que un funcionario, cuando tenga un leve indicio –que no es prueba ni evidencia, solo una señal– está facultado para decretar la expropiación, o el decomiso. Ya la ley está diciendo que todo es de utilidad social, que todo lo que usted tenga es de utilidad social, y puede ser expropiado”, sostuvo.
Algunas de esas empresas expropiadas pasarían a ser operadas por las propias comunas, pasando a formar parte de lo que ha sido declarado como la economía comunal.
Pero la mayor utilidad para el chavismo proviene de los servicios de control social que brindarían las comunas.
“Los consejos comunales estarán repletos de espías, porque hacen un levantamiento de todo el barrio, y ellos saben quien está y quien no está con el proceso”, explicó Natalia Brandler, directora del instituto francés Groupe d’études politiques sur l’Amérique latine (GEPAL)
“Ellos lo tiene clarísimo. Saben quienes son. En las elecciones, ellos saben exactamente cuantos votos van a tener. Ese trabajo es de gran utilidad durante la elecciones, pero es esencial para las labores de control social”, agregó.
Brandler, quien ha estado investigando las operaciones de las comunas en los barrios de Venezuela, dijo que éstas arrojan grandes similitudes con los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), aplicados en Cuba.
“Son utilizados para cercar al opositor dentro de las zonas en que operan”, comentó Brandler al señalar que estas organizaciones son el brazo ejecutor del apartheid económico que rige en Venezuela.
“Quienes no están con el proceso no tienen acceso a los beneficios del Estado. No pueden presentar proyectos en las cooperativas, ni participar en lo que llaman la economía comunal, ni tienen acceso a las misiones”, dijo Brandler.
El Nuevo Herald
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