La Constitución Nacional, impulsada por Hugo Chávez en 1999, establece en su artículo 68 que la manifestación pacífica y sin armas es un derecho de los ciudadanos venezolanos.
En el mismo artículo 68, se prohíbe tácitamente que los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público y de las manifestaciones pacíficas empleen armas de fuego y sustancias tóxicas.
Pero como es hecho público y notorio, para Chávez, y ahora para Nicolás Maduro, la protesta viene siendo criminalizada, judicializada y en extremo reprimida, no solo por las fuerzas de seguridad del Estado, sino por grupos armados que actúan con el auspicio del oficialismo. Amén de una gama de leyes que establecen espacios públicos como zonas de seguridad en las cuales no se puede manifestar disenso, o determinan temas que son de interés público como asuntos impublicables en medios informativos so pena de prisión del analista o periodista y multa y cierre del medio “trasgresor”.
En los últimos 10 años se cuentan por miles las víctimas de esta criminalización, unas forzadas al exilio, otras están sometidas a juicio, regímenes de presentación o pagan cárcel; otras que han dejado su vida reclamando derechos, y muchos otros ciudadanos que arrastran las secuelas físicas de las agresiones de las fuerzas represivas del Estado.
Y si en la época de Chávez el uso de la fuerza bruta y de armas letales contra ciudadanos indefensos que manifestaban cualquier disenso político o social era la orden de un comandante que se vanagloriaba de una revolución “pacífica pero armada”, ahora con Nicolás Maduro, con un mando cuestionado, la criminalización de laprotesta está llegando a niveles no vistos.
Sólo en lo que va de año, (a) 10 trabajadores de PDVSA están detenidos e imputados por obstrucción a la vía pública y resistencia a la autoridad, por protestar para que se les clarificara el avance de las negociaciones de la Convención Colectiva Petrolera. (b) Unos ocho ciudadanos están detenidos en Margarita por protestar contra la injerencia cubana en Venezuela. (c) La respuesta brutal contra la protesta estudiantil de Táchira y Mérida, donde se han producido más de una treintena de detenciones sin orden judicial y donde la Guardia Nacional y los grupos de choque del oficialismo han disparando perdigones y balas a mansalva, contándose más de una docena de heridos por perdigones o armas de fuego.
Pero, tal parece que esta represión desbordada, manejada con criterios cubanos nada inteligentes, está despertando a un pueblo que se creía aletargado por el temor y la desesperanza.
Hoy, Día de la Juventud, en las principales capitales de estado, a las manifestaciones de los jóvenes estudiantes se le une un pueblo que cansado de injusticias y penurias, ejerce su derecho a pedir inclusión, seguridad, rectificación del modelo económico y respeto ciudadano.
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