Si algo debería haber aprendido el sector privado de la economía en estos 15 años es no creerle al gobierno ni cuando este recita el abecedario. Tanto en colectivo como en experiencia particular cada empresa, cada empresario ha sufrido en carne propia las garras de quienes implantan en Venezuela un modelo comunista a la cubana.
Bien por leyes, decretos, providencias, o porque a alguno de los burócratas simplemente le dio la gana de cambiar las reglas de juego unidireccionalmente o se le antojó aplicar en retroactivo una nueva normativa, contraviniendo la no retroactividad de las leyes que dicta la Constitución Nacional.
En fin tendrían que haber entendido a fuerza de sangre, sudor, lágrimas y un gran golpe en sus inversiones que hoy el Estado de Derecho en Venezuela es un mal chiste que no causa hilaridad alguna.
Sin embargo, según las últimas informaciones extraoficiales que salen de las “mesas de negociación” de empresarios y gobierno parece que algunos aún tienen una venda en los ojos, o adolecen de ingenuidad extremis.
Resulta que mientras el Ejecutivo Nacional elimina el subsidio a los bienes y productos que distribuye por la red pública (Mercal, PDVAL y Bicentenario) para “desalentar al contrabando”, emite cantos de sirena al empresariado y le ofrece un acuerdo verbal –una especie de “pacto de caballeros”– según el cual este podrá vender a los compradores del sector privado a cualquier precio siempre que mantenga los precios regulados para los compradores de la red pública.
Es decir, un cambalache del gobierno para conseguir una ayudita para que Mercal, PDVAL y bicentenarios abastezcan sus estantes, mientras ofrece soterradamente dejar inaplicables las leyes anti-monpolio y la de los Precios Justos, entre otras.
A primera vista, la oferta pudiera resultar tentadora al empresario: Recibe un respirito en cuanto a fiscalizaciones y decomisos se refiere, mientras supuestamente logra que las ganancias de las ventas a compradores del sector privado le permitan compensar las pérdidas en las ventas a Mercal, hasta inclusive pudiese obtener una ganancia modesta.
Sin embargo, los tiros pueden salir por la culata, pues un gobierno felón, que no le tiembla el pulso para violar la letra escrita tampoco le temblará la mano para echar por tierra un “pacto de caballeros” y terminar de bajar la guillotina a las cabezas de las empresas que aún quedan en pie. Con estos “revolucionarios” vale el dicho “piensa mal y acertarás”.
Y aún si el gobierno actuara transparentemente y dejara los acuerdos asentados en decretos publicados en Gaceta Oficial, es poco probable que el “pacto” propuesto pueda tener sentido en lo económico: los precios regulados están muy por debajo de los costos de producción y difícilmente las ventas a precio libre sean lo suficientemente rentables para compensar las pérdidas, sobre todo si los precios de Mercal van a estar “80% menos” que los de mercado, tal como lo anunció el ministro de Alimentación.
Cabe recordar que la determinación de instaurar el modelo del socialismo del siglo XXI sigue intacto en los funcionarios de gobierno, que dentro de sus objetivos a destruir están las empresas privadas, a su entender símbolos del “capitalismo salvaje”, y que está en pie la amenaza de Nicolás Maduro de expropiar a cuanta empresa se oponga a sus designios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario