ROCÍO SAN MIGUEL/TalCualDigital
El día martes 25 de marzo sorprendió al país la información suministrado por el presidente Nicolás Maduro, emitida en el marco de la reunión con los cancilleres de Unasur de visita en Venezuela por la grave situación en el país.
Indico Maduro, en una puesta en escena planificada, que 3 generales activos de la Aviación Militar Bolivariana se encontraban detenidos por conspirar y serian puesto a la orden de los tribunales militares en las próximas horas.
Sorprendió la información, pues en 15 años de la llamada Revolución Bolivariana ningún general activo ha sido detenido por conspirar en Venezuela. Las detenciones que se han adelantado por estos delitos en este tiempo han procedido contra oficiales subalternos y en el caso de generales en situación de retiro.
Inmediatamente procedimos a constatar desde Control Ciudadano que no se había procedido a la presentación de generales de la aviación en los tribunales militares, incluso advertimos públicamente que más allá de estar incursos o no en estos delitos, la imputación criminal contra generales y almirantes activos en Venezuela precisa de un antejuicio de mérito, tal como lo establece la Constitución en su artículo 266, numeral 3, que los incluye dentro de la categoría de altos funcionarios públicos que precisan de ciertas prerrogativas para proceder en su contra.
Acudimos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar y no fue posible comunicarnos con los detenidos, alegando para ello que actuábamos como defensores de derechos humanos y con el ánimo de garantizarles el derecho que establece la Constitución de tener comunicación con un abogado.
La sorpresa fue que dos horas más tarde, el presidente Maduro, a través de la televisión y la radio nos acusa formalmente de estar involucrados en una conspiración por intentar conversar con estos generales, a quienes por cierto no conocemos de vista, trato y comunicación.
Bueno es recordar, en ocasión de estas circunstancias, al Presidente que todo ciudadano investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución y que a estos generales, estén o no involucrados en un golpe, les corresponde un antejuicio de mérito tal como lo prescribe la carta magna.
Bueno es recordar al presidente Maduro y a Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que en sentencia de fecha 14 de mayo de 2002 (Exp. 021006), Caso: Romel José Fuenmayor León, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por razones de orden público constitucional, censuró la actuación llevada a cabo por la Fiscalía General de la Fuerza Armada, organismo que, mediante boletas del 22 de abril y 2 de mayo de 2002, procedió a citar, en calidad de imputado, al ciudadano general de división del Ejército Romel Fuenmayor sin el debido antejuicio de mérito.
Sin duda, este hecho tendrá repercusión en la Fuerza Armada Nacional, pues está visto que el Comandante en Jefe está dispuesto a llevarse por delante, sin respeto a la prerrogativas constitucionales, a generales activos de la Republica que por cierto ascendió Chávez...
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