La comisión de cancilleres que envió Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) a Venezuela llegó el martes 25 de marzo, para acompañar la Conferencia Nacional de Paz por invitación del gobierno de Venezuela.
La comisión integrada por los ministros de Exteriores de Ecuador, Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil y Colombia, fue aprobada el 12 de marzo en la reunión de la Unión en Santiago de Chile y busca acompañar, apoyar y asesorar en el diálogo de paz con todas las “fuerzas políticas y sectores sociales, con el fin de lograr un acuerdo que contribuya al entendimiento y la paz social".
Son muy pocas las expectativas de que salga de estas diligencias una declaración objetiva y contundente en contra de la acción excesivamente represiva y violatoria de los Derechos Humanos por parte del gobierno de Maduro en las generalizadas protestas estudiantiles que se registran en el país desde hace casi dos meses. Esto así, por las evidentes solidaridades automáticas entre los gobiernos miembros de la Unión, que se han dado a espaldas de los verdaderos intereses de los estados y de los pueblos, aún cuando ello vaya en franca contradicción con los objetivos planteados en su Tratado Constitutivo, firmado en Brasilea en mayo de 2008, que establece, entre otras cosas, que Unasur debe ser “un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos”.
La labor de esta comisión comenzó dando señales ambiguas en cuanto a la objetividad de sus resultados finales:
Primero, emitiendo el 17 de febrero, luego de los asesinatos de jóvenes manifestantes el 12 de febrero, un comunicado donde no se condenaron contundentemente las violaciones de los Derechos Humanos por los órganos represores del gobierno de Maduro, que ya habían sido denunciadas con elementos probatorios por las ONG Provea y Foro Penal Venezolano.
Segundo, el manifiesto apoyo público que han expresado al gobierno de Maduro, casi en su totalidad los gobiernos de la Unión, entre ellos los seis duros: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Suriname y Uruguay. Los otros cuatro países miembros, Chile, Colombia, Perú y Paraguay, han sido tímidamente objetivos.
Tercero, la sola diatriba inicial de si a la comisión se le permitiría o no reunirse con el sector opositor al gobierno.
Cuarto, la negativa de la comisión de dar una rueda de prensa previa a la emisión de la resolución final, para indicar de manera transparente, y sin sospecha de coacción por parte del gobierno nacional, sobre las primeras reflexiones sacadas luego de que representación estudiantil, ONG Provea y Foro Penal Venezolano, así como con miembros de la oposición venezolana y de las iglesias, le presentaran los hechos, los testimonios y las pruebas de las violaciones a los Derechos Humanos, y las valederas razones de las protestas cívicas y no violentas.
En opinión de VenEconomía, no importa cuán tímida, insulsa, parcializada y mediatizada sea la declaración que emita este jueves Unasur. Lo importante es que este foro pudo oír y constatar la otra cara de la moneda en esta gesta de resistencia al castrocomunismo de la voz directa de sus protagonistas, los estudiantes; de los defensores de los derechos; de las iglesias y de la dirigencia política democrática.
Es apenas un comienzo para seguirle quitando las vendas de los ojos al mundo, para develar las mentiras de la “revolución bonita” que les vendió Chávez.
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