Es muy lamentable que la institución destinada a la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos haya sido objeto de atención durante los últimos días tanto en los medios de comunicación nacionales e internacionales como en las redes sociales y no precisamente por su labor en materia de defensa de DDHH durante la crisis que actualmente vive Venezuela sino por el silencio, omisión, complicidad y manipulación de quien dirige en estos momentos a dicha institución.
Si la Defensoría del Pueblo obtuvo certificación clase A del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC) ello no significa que la Defensora, sus directores, defensores regionales y cada uno de los funcionarios que laboran en esa institución estén cumpliendo con garantizar derechos humanos en el país, tampoco esa acreditación la obtuvo la Defensoría por sus acciones tendentes a evitar que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Guardia del Pueblo, y Policía Nacional cesen el uso desproporcionado de la fuerza y el empleo de armas de fuego contra jóvenes estudiantes, ni para que finalicen las torturas, asesinatos y detenciones arbitrarias. Hay que tener claro que esa acreditación no convierte ni convertirán de la noche a la mañana a la Defensoría del Pueblo en una institución imparcial, independiente y autónoma.
Para que esa institución cumpla con el mandato constitucional es necesario y urgente nombrar una nueva Defensora o Defensor que realmente entienda y cumpla con la independencia, y llevar a cabo una reestructuración que permita contar con altos funcionarios y defensores delegados realmente calificados y comprometidos con los derechos humanos, y que de una vez esa institución deje de seguir el juego del régimen autoritario de Maduro, el cual ha dado claras y contundentes demostraciones que no cree ni respeta derechos humanos. No se puede olvidar que a partir del 10 de septiembre de 2013 los venezolanos somos más vulnerables ante los abusos del Estado al no poder acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, ante esa situación, la Defensora ni ninguno de sus funcionarios alzaron la voz.
La Defensora del Pueblo Gabriela del Mar Ramírez podrá engañar y manipular a la CIC para obtener acreditación clase A, al Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica (Pradi), a la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y a todas aquellas instituciones que forman parte de las redes que agrupan a las instituciones de promoción y protección de Derechos Humanos de las distintas regiones que conforman la sociedad internacional, instituciones estas que hasta el momento se mantienen en silencio cómplice ante la delicada situación que vive el país en materia de DDHH, incluso, podrá engañarse ella misma y manipular a su personal haciendo creer que defienden derechos humanos de cada uno de los venezolanos sin discriminación alguna, pero no ha sido capaz de manipular y engañar a los venezolanos quienes día a día somos testigos de cómo se violan derechos humanos en nuestro país, donde los asesinatos, detenciones arbitrarias, uso de la fuerza, torturas, violaciones a la libertad de expresión y opinión cometidos y avalados por el régimen de Maduro son cada día más frecuentes, por lo que la independencia y autonomía que se jacta tener es de lo que carece.
@zulmaire
zulmairegonzalez@gmail.com
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