También expresaba el rechazo hemisférico a toda forma de violencia e intolerancia al lado de un llamado al respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Aunque, en verdad, su única previsión práctica era la expresión del Consejo Permanente por “mantenerse informado sobre la situación y el diálogo instaurado”.
En cambio, los cancilleres de la Unasur acordaron designar, a solicitud del gobierno de Venezuela, “una comisión integrada por ministros de Relaciones Exteriores de los países de Unasur para que -en su nombre- acompañe, apoye y asesore en un diálogo político amplio y constructivo orientado a recuperar la convivencia pacífica en Venezuela, considerando la Conferencia Nacional de Paz instalada”.
Todo ello sin mencionar compromisos democráticos ni de protección de los derechos humanos y dando plazo a la reunión de la Comisión de Cancilleres hasta la primera semana de abril. Pareciera que, también, dan por buena la falsa conferencia de paz dirigida por el gobierno. De ser así, vale preguntarse, ¿el acompañamiento, apoyo y asesoramiento se lo dan al gobierno y su estrategia? Eso es lo que se lee y entiende.
Dirán algunos apaciguadores que quizá fue la mejor declaración posible, que al menos se logró que el gobierno aceptara la visita de los cancilleres, que no hay en este documento ni sombra de referencia a golpes de Estado de la derecha fascista ni un exculpar al gobierno de sus responsabilidades. Pero no deja de ser muy deficiente y lento el proceder ante un gobierno que, mientras en Santiago se debatía y aprobada la resolución de la Unasur, redobló el aliento y ejercicio de la violencia.
El miércoles 12 fue día de la sangrienta contención de la marcha de los estudiantes a la Defensoría del Pueblo por la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, los motorizados armados, con varios de ellos en motos con la insignia de la GNB.
Ese día arreció el asedio a Chacao, entre vándalos con inmunidad, Guardia y Policía Nacional; se produjeron violentos ataques de bandas armadas y, según lo difundido por la ministra de Información, órdenes presidenciales de allanamientos y detenciones en Valencia, mientras se desbordó la represión en Zulia, en el sufrido Táchira y en otras entidades.
Las imágenes de un mes de represión son muy crudas. Golpean más duro el ánimo cuando se contrastan con la de los cancilleres que ajustan adjetivos y gerundios en Chile, o la de la fiscal y la defensora puliendo sus argumentos mientras viajaban a todo lujo a Ginebra a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Fuente: El Nacional
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