Nicolás Maduro y su gobierno tienen que definir para qué quieren el diálogo. La gente se sienta a conversar para acercar posiciones, lograr puntos de acuerdo, limar asperezas y entenderse. También se puede conversar para pasar el rato y perder el tiempo, pero ese no es el objetivo del quienes conforman la Mesa de la Unidad Democrática.
¿Será eso lo que quiere el Gobierno? La grave situación del país debería obligarlo a tomarse las conversaciones en serio.
El jueves, después de que los representantes del sector democrático escucharan a los miembros de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, el presidente Maduro felicitó a Ramón Guillermo Aveledo por haber tenido esa conversación, pero no le gustó que sus interlocutores le dijeran que esperan resultados concretos de estos diálogos pronto, entre ellos una ley de Amnistía: Tal pretensión, dijo, le pareció a Nicolás un chantaje.
Si a cada petición de los sectores democráticos Maduro va a calificarlo de chantaje, lo mejor es que sincere su intención y no siga engañando a los venezolanos.
La MUD asistió a Miraflores para conversar y lograr acuerdos sobre: la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados; la renovación de los poderes públicos, tal y como lo establece la Constitución; el establecimiento de una Comisión de la Verdad independiente que determine las responsabilidades en los 41 asesinatos, y los casos de tortura, detenciones arbitrarias etc, ocurridos desde el 12 de febrero pasado; desmovilización y desarme de los grupos paramilitares, bajo supervisión internacional; la defensa de la descentralización y el cese de los gobiernos paralelos creados por el chavismo cuando el pueblo no les da los votos; y por supuesto, el análisis de la grave crisis de la economía, verdadera razón de fondo de las protestas nacionales.
También incluyó la MUD una ley de transparencia en el manejo de los fondos públicos, donde el chavo-madurismo está dejando en pañales la corrupción ocurrida en toda la historia del país, desde la llegada de Colón.
Cada uno de esos puntos fue puesto sobre la mesa y debe discutirse. Es obvio que cada una de las partes debe ceder en algo y que no todo lo que un sector pretende sea aprobado en un 100%, pero no se pude acusar de chantajista a la otra parte por exigir resultados concretos, a menos que la intención real sea que éstos no se produzcan.
Desde diferentes instancias del Gobierno se están enviando señales de que el diálogo es algo en lo que no creen y en ese grupo no está sólo el presidente de la Asamblea Nacional. Una de las referidas señales es la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de que para poder manifestar hay que solicitar permiso, algo que no está establecido en ninguna ley. Que el TSJ, obviamente siguiendo lineamientos del Ejecutivo, se atribuya la función de legislar, es decir, usurpe funciones constitucionalmente propias del Parlamento y que de paso lo haga para cercenar derechos democráticos, parece indicar que el llamado a diálogo no se compadece con las verdaderas intenciones del gobierno. Obras son amores y no buenas razones.
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