En esa oportunidad pasamos por alto el hecho, especialmente significativo, que por “noveno año consecutivo” Venezuela aparece en el capítulo IV de ese documento.
Aparecer allí no es precisamente un honor sino una desgracia de marca mayor, ya que esa parte del informe está dedicado a los países violadores de los derechos humanos. Este “honor” lo compartimos, como es inevitable, con Cuba, que fielmente nos ha acompañado siempre en esto, y con Honduras.
Pasar nueve años consecutivos en la lista de los países que más violan los derechos humanos en el continente no debe ser nada halagador para los gobernantes acusados de este grave delito. Sin embargo, a nuestros líderes revolucionarios ese hecho tan grave y repulsivo les importa poco o nada pues su inspiración fundamental como régimen es Cuba. De allí el silencio de los altos funcionarios del Estado ante este informe devastador.
Para la CIDH resultan especialmente preocupantes temas como el de las graves limitaciones a la libertad de expresión, la persecución judicial a vastos sectores de la oposición, las restricciones y agresiones a las manifestaciones pacíficas, la permanente inseguridad ciudadana, la caótica situación de nuestras cárceles y la persecución desatada contra los defensores de derechos humanos.
Pero esta instancia internacional no sólo expresa su preocupación por estos temas anteriormente mencionados sino, como es lógico, le inquieta la forma descuidada y desordenada como son llevados e investigados por el Estado estas constantes violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela.
Como es lógico, la CIDH expresa su inmensa preocupación por la grave crisis de inseguridad ciudadana que se vive en Venezuela y que parece no cesar nunca. Además, alertan al gobierno venezolano sobre lo inconveniente que resulta el hecho de que los militares participen en el combate contra la criminalidad.
Por otra parte, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también presentó su informe anual donde Venezuela queda igualmente tan mal parada como en el otro aspecto que ya hemos reseñado. En esta parte se denuncia el hostigamiento judicial a la prensa venezolana, la persecución contra los periodistas y las limitaciones que impone el Estado para el acceso a la información.
Mención especial merece la denuncia, por parte de esta relatoría, del uso abusivo por parte del presidente de la República de las cadenas de radio y televisión para dar declaraciones que, en la mayoría de las veces, carecen de importancia para los venezolanos. Y no les falta razón: creemos que se quedaron cortos.
Fuente: El Nacional
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