El miércoles 30 de abril, en vísperas del Día de Trabajador, Nicolás Maduro anunció a la población que a partir del 1º de mayo el salario mínimo y las pensiones pasarían de los Bs.3.270,30 que se devengaba desde enero de 2014, a Bs.4.251,00. Así en apenas cuatro meses se concreta un segundo incremento salarial, para un aumento total de 40% (10% en enero y 30% en mayo).
Esto lejos de ser una buena noticia, es una mala noticia para todos.
Para empezar, es una mala noticia porque la inflación galopante hará que el incremento se vuelva sal y agua entre los altos precios de los alimentos y de otros bienes y servicios básicos.
Para marzo, el precio de la Canasta Básica para una familia de cinco miembros era de Bs.17.572,50 vs. los Bs.7.688,89 de marzo de 2013. Es decir, Bs.13.321,50 más que el salario mínimo que rige desde el 1º de mayo, y lo que significa que se requerían 4,1 veces el nuevo salario mínimo para cubrir la canasta básica de una familia venezolana de cinco miembros. Y aunque hipotéticamente esa familia logre alcanzar un ingreso que vaya a la par de la inflación, de nada valdrá tener mayor ingreso si la escasez ha alejado de las estanterías casi una veintena de los 58 productos de la canasta alimentaria; es decir aunque haya plata no hay arepa ni pan, ni mantequilla para untarlos ni sardinas para rellenarlos, ni azúcar ni leche ni aceite, ni lentejas, arvejas ni pastas alimenticias, no hay jabón para lavar o para asearse, por solo citar una docena de rubros básicos.
Es también una mala noticia, porque este aumento no tiene nada que ver con los niveles de productividad ni del trabajador ni de la empresa. Esta época de revolución castrocomunista acabó con todo tipo de planificación para sostener y hacer crecer la productividad de las empresas. Desde que Chávez llegó al poder, es el gobierno quien valora e impone los aumentos que merecen los trabajadores anual o bianual o trianualmente (como al parecer será este 2014).
Además, porque esta política que implantó la revolución de aumentar los salarios unidireccionalmente y por decreto cada vez que siente que el descontento social está en ebullición, impide que la empresa planifique los incrementos salariales con base en la valoración del esfuerzo, la calidad del trabajo y la superación del trabajador. Porque lo que promueve es un mercado laboral en el que no se encuentra ni la retribución económica, ni el ambiente laboral necesario para el desarrollo personal donde el que termina perdiendo es el país, con una plantilla laboral mediocre, empobrecida sin la menor posibilidad de desarrollo futuro y en muchos casos con un contingente de venezolanos cada día mayor que pone su pensamiento y esperanzas de futuro más allá de las fronteras.
Y por último, es malo, malo porque al no haber relación entre salario, crecimiento económico, productividad y competitividad los incrementos salariales impuestos hegemónicamente traerán más inflación y más pobreza para los venezolanos.
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