Para cualquier mente con raciocinio y cordura cabría pensar que en un estado de crispación social como se encuentra hoy Venezuela, la salida lógica hacia la gobernabilidad tendría que pasar por el diálogo y la negociación que busque el encuentro y la inclusión de las partes en conflicto.
La paz y la concordia pasan por considerar y respetar al otro como un igual, con los mismos derechos, deberes y aspiraciones para alcanzar sus proyectos de vida, sin más limitaciones que las que impone el marco legal y las normas de sana convivencia, sin discriminaciones por sexo, religión, estatus social o económico ni afiliaciones políticas.
De allí que, en principio y solo por principio, la decisión de los integrantes de la Mesa de la Unidad atender un llamado al diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, con Unasur y la Iglesia como “testigos de buena fe” es una decisión que debería ir en el camino correcto. Y por tanto, no merecería ser censurado, criticado o rechazado. Sin embargo, acudir a ese diálogo sin el consenso del sector democrático y sin el acompañamiento de todos los factores que están en resistencia al proyecto comunista, hace que quienes participen en este acuerdo no sean representativos de la disidencia. A la reunión de este martes le faltó la presencia de otros importantes dirigentes que hacen vida en la MUD, y sobre todo le faltaron los estudiantes, los trabajadores y la sociedad civil, entre otros.
De allí parte del rechazo que ha tenido este “acercamiento”, tanto de la opinión pública como de los estudiantes, protagonistas de esta gesta de resistencia, y de Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, tres de los líderes de estas horas infaustas, que exigen el cumplimiento fiel a la Constitución y un diálogo de pie y no de rodillas para buscar la salida.
Pero, incluso, suponiendo que los asistentes a la reunión preparatoria del diálogo representaran a oposición como un todo, el diálogo no resulta tan sencillo en la Venezuela que está bajo el mando de unos gobernantes que han sentado amplios precedentes en no respetar la palabra empeñada, los convenios rubricados ni los acuerdos sellados. Menos sencillo resulta, en una Venezuela donde el derecho a la protesta y a la expresión han sido cercenados a punta de represión del Estado desde hace más de dos meses, con saldo trágico de venezolanos asesinados a sangre fría, desaparecidos, torturados, detenidos sin órdenes de captura por medio o pagando prisión por razones políticas.
No se puede presagiar que llegue a buen término este diálogo si no se acude en condiciones equilibradas para comenzarlo. Por ejemplo, cese de la represión; liberación de Leopoldo López, de los acaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballo, de los estudiantes y de todos los ciudadanos presos por ejercer el derecho a la protesta; que María Corina Machado ocupe su curul parlamentario; además de aceptar una agenda previa para el diálogo que incluya como ha pedido la MUD: una Ley de Amnistía; la creación de una Comisión de la Verdad independiente que permita investigar objetivamente los crímenes ocurridos en las últimas semanas y juzgar a los culpables; una renovación de los poderes públicos equilibrada y representativa de la diversidad política y social del país y el desarme de los grupos civiles que auspicia el gobierno.
¿Cómo esperar que el diálogo que propone el gobierno destranque el nudo gordiano que tiene atada a Venezuela, cuando el propio Nicolás Maduro proclama a los cuatro vientos que no tiene “nada que negociar con nadie, ni pactos, ni nada de eso (…) Aquí lo que hay es un debate, un diálogo que es diferente a una negociación. Sería un traidor yo, si me pongo a negociar la revolución”?
Esa es la punta crucial para desatar el nudo.
Está en ese “Plan de la Patria” que quieren imponer en el país, a pesar de que éste es rechazado por una mayoría de la población y a pesar de que, como bien puntualizó la Conferencia Episcopal, ha sumergido a los venezolanos en “un sistema de gobierno de corte totalitario; que pone en duda su perfil democrático” y que restringe las libertades ciudadanas; que no tiene políticas públicas adecuadas para enfrentar la inseguridad jurídica y ciudadana; que ataca a la producción nacional; que usa la brutal represión contra la disidencia política y que intenta buscar la “pacificación” o apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal y la represión física.
Pero, como lo último que se pierde es la esperanza, aún podría celebrarse este paso tambaleante porque apunta hacia una reconciliación entre las partes; porque hizo que el gobierno de Maduro se siente con un pequeño grupo opositor y porque en el desarrollo de los acontecimientos se responderá de una vez por todas una pregunta clave: “¿El gobierno actúa de buena fe? o ¿fue otra maniobra para engañar a los venezolanos, y al mundo, que creen en la democracia y la libertad?
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