Los venezolanos están viviendo desde hace casi dos meses los tiempos más funestos que recuerde su historia contemporánea.
Por un lado, se vive la inexplicable violencia del gobierno para enfrentar las protestas estudiantiles y civiles que se registran desde febrero en las principales ciudades del país. Ya arroja un saldo de 50 personas asesinadas en manos de los cuerpos represivos del Estado (léase Guardia Nacional y grupos de paramilitares), que se suman a las 3.000 bajas derivadas de la delincuencia común en lo que va de año, que a su vez constituye una de las causas de las protestas en el país.
A pesar de ello, y contrario a lo que pudiera pensarse, se evidencia en la población una pérdida del miedo a las fuerzas represivas; arrecia la confrontación y las protestas parecen permear a otros sectores de la población, antes apáticos a protestar.
Nada parece indicar que disminuirá la crispación social. Todo lo contrario, pues en otros escenarios (las colas interminables en mercales y abastos bicentenarios) y con otros protagonistas se observa un creciente malestar ante la alta inflación y, sobre todo, la generalizada escasez de productos elementales en la vida de un ser humano.
Lo más grave es que en estos dos meses se ha evidenciado la incapacidad del gobierno para dar respuesta apropiada a una población que está rechazando de manera contundente las políticas castristas que vienen con el socialismo del siglo XXI, y para buscar puntos de encuentro que retornen la gobernabilidad a Venezuela.
Maduro y su séquito han mantenido un doble discurso que en nada ayuda a la paz ciudadana, que como gobernantes deben garantizar.
Por un lado, se comprometen a aceptar un seguimiento de una comisión de Unasur para el diálogo entre los diferentes sectores del país, mientras pone un bozal al diálogo con la creación de un Consejo Nacional de Derechos Humanos, en extremo parcializado, que se adscribe a la Vicepresidencia Ejecutiva, a cargo de un funcionario supeditado a su mando, e integrado por funcionarios públicos que, o son las cabezas de los organismos represores o son parte de los poderes públicos que hacen cortejo a los desafueros represivos. Por otro, el Gobierno evade solicitar a la Iglesia Católica para que sirva como mediador confiable entre los factores en pugna.
A esto se suma, que en vez de dialogar con el oponente, el gobierno profundiza la criminalización y persecución de los líderes políticos, de los gobernantes regionales de la alternativa democrática, y de militares en situación de retiro que han manifestado su oposición a las políticas del gobierno. A la par que recrudece la barbarie policial y parapolicial, que llevó a la brutalidad extrema de golpear y desnudar a estudiantes en la UCV, a disparar a la espalda de una mujer, a bombear con gases lacrimógenos y perdigones a mansalva a madres y abuelos que reclaman la desmedida agresión a los jóvenes, y a seguir haciendo redadas y allanamientos sin órdenes judiciales a los hogares en búsqueda de estudiantes. Hoy el Foro Penal Venezolano reporta unos 50 casos documentados de tortura y más de 2.200 personas detenidas.
Venezuela se ha tornado ingobernable. Es impostergable buscar salidas democráticas para encauzar al país, las cuales deben partir de las causas que llevaron a esta explosión de rechazo, y no de la supresión sin condiciones de las respuestas defensivas de una sociedad ante una brutal represión.
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