Guerrilleros pidieron a las autoridades prorrogar por 18 horas el cese de las operaciones militares para movilizar a los dos rehenes que serán entregados próximamente
EL UNIVERSAL
Bogotá.- El gobierno colombiano afirmó hoy que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no debería "burlarse" del país ni obtener "ventajas militares" en el marco de las operaciones para la entrega de rehenes, durante las cuales son suspendidas las acciones de la fuerza pública.
Las afirmaciones fueron hechas por el vicepresidente Angelino Garzón y el portavoz del gobierno en el proceso de liberaciones, Eduardo Pizarro, a raíz de lo ocurrido este domingo con la frustrada entrega de un militar y un policía secuestrados, indicó DPA.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron la entrega del mayor de la Policía Guillermo Solórzano y del cabo del Ejército Salín Sanmiguel, secuestrados el 4 de junio de 2007 y el 23 de mayo de 2008, respectivamente, pero la liberación no se pudo concretar.
Una misión humanitaria integrada por la ex senadora Piedad Córdoba y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) llegó a las coordenadas entregadas previamente por las FARC, en el departamento de Tolima (centro-oeste), pero allí no estaban los secuestrados.
Guerrilleros apostados en esa zona dijeron que los rehenes no estaban ahí y que necesitaban que el gobierno prorrogara por 18 horas el cese de operaciones militares para movilizarlos desde el departamento de Cauca (suroeste).
Al final, la misión retornó a su base de operaciones, el aeropuerto de Ibagué, la capital de Tolima, con el agente de Policía Carlos Ocampo, que estaba secuestrado desde diciembre pasado y cuya liberación fue anunciada a última hora del sábado.
Según coincidentes comentarios de medios locales de prensa, las FARC suministraron coordenadas inexactas supuestamente para movilizar a su máximo jefe, alias "Alfonso Cano", de quien se sabe que se oculta en una zona montañosa de Tolima.
Pizarro comentó que no sabe si en esa zona donde se suspendieron las acciones militares por 36 horas, según el protocolo de seguridad firmado por el gobierno y el CICR, es donde opera "Cano", pero enfatizó que las misiones humanitarias para el rescate de secuestrados no deberían ser usadas para movilizar a jefes guerrilleros.
"Yo no quisiera juzgar si en esas zonas se produjo la no acción militar. Pienso que estas operaciones humanitarias no pueden ser usadas para obtener ventaja militar", dijo.
Pizarro había dicho el domingo que el gobierno se sentía "escandalizado" por la actitud de las FARC de entregar unas coordenadas que no correspondían al lugar donde estaban los rehenes.
"Esta conducta extraña, molesta y nos inquieta mucho", agregó Pizarro, tras señalar que las operaciones militares en esa zona se reanudarían a las 06:00 horas de hoy (11:00 GMT), como estaba previsto en el protocolo de seguridad.
Por su parte, el vicepresidente Garzón señaló que mientras el gobierno cumplió con la suspensión de las operaciones militares, las FARC cometieron una "burla".
El delegado del CICR, Christophe Beney, expresó que lo ocurrido demuestra la "complejidad y sensibilidad" del tema, pero se mostró confiado en que el gobierno autorice de nuevo la operación en Cauca, "muy probablemente el día de mañana".
Beney dijo que el gobierno será informado hoy de las nuevas coordenadas en busca de que a partir de las 18:00 horas (23:00 GMT) comience a regir un cese de operaciones militares por 36 horas en la zona donde serían entregados Solórzano y Sanmiguel.
Al ser interrogado sobre la posibilidad de que las FARC hubiesen dado coordenadas erróneas para movilizar a su máximo jefe, Beney dijo que esas son "especulaciones" y que prefiere creer que se trató de un "error".
"(Las coordenadas) son varios números y no voy a caer en especulaciones. Hay gran cantidad de pequeños detalles que si no funcionan pueden poner en peligro la operación", dijo Beney.
La misma misión humanitaria, que se desplaza en un helicóptero militar aportado por el gobierno de Brasil, recibió el miércoles y viernes pasados a los concejales Marcos Baquero y Armando Acuña, así como al infante de Marina Henry López.
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