Uno de los aspectos más detestable del estilo de gobierno de Chacumbele es el de su absoluto desdén por la idea de concertar los distintos intereses involucrados en cualquier asunto de interés general. Tomemos el caso de los sueldos y salarios.
Es obvio que en este asunto hay dos actores fundamentales: de un lado los trabajadores y de otro lado los empleadores o patronos.
Hay un tercer actor, el Estado, que cumple el doble rol de empleador y de árbitro y/o facilitador del debate sobre aumentos salariales. Una sana práctica de gobierno es la de sentar en una misma mesa a esos actores y abrir el examen del problema desde las distintas perspectivas que le son propias, para alcanzar, al final, un acuerdo que resulte favorable para todos los sectores, en un juego de ganar-ganar, producido por este manejo tripartito del problema.
Pero hoy nos encontramos con un gobierno que ignora tanto al movimiento laboral organizado como a los gremios empresariales y decide unilateralmente sobre ese tema tan espinoso, despreciando las opiniones de los grupos más directamente interesados en éste, con lo cual el resultado es una decisión no consensuada, que crea más problemas de los que intenta resolver.
El sentido común indica que un aumento general de salarios afecta de manera distinta a las empresas grandes y pequeñas y también a los trabajadores de unas y otras. Lo lógico es discriminar y establecer escalas que satisfagan los intereses de ambos sectores. El gobierno no puede medir con el rasero de sus ingentes ingresos petroleros la capacidad de otros empleadores, cualquiera sea su dimensión. No es lo mismo un gobierno patrono, con la gigantesca bolsa petrolera a su disposición, que una pequeña empresa de veinte trabajadores. Tomemos el ejemplo de los cestatickets. La extensión de este beneficio, por parejo, a la totalidad de las empresas, por justo que luzca en abstracto, puede ser devastador para las empresas de menor dimensión. De hecho, empresas de menos de veinte trabajadores no pagaban cestatickets; ahora deberán hacerlo y en la práctica la erogación por este concepto será mayor que la que corresponde al incremento del salario mínimo. Las consecuencias de esto pueden ir desde la quiebra y cierre de empresas hasta los despidos para equilibrar los presupuestos, pero la más probable es sencillamente la de compensar el aumento de costos con el aumento de los precios de los bienes o servicios que producen o prestan esas empresa.
El estilo autoritario, de imponer a la machimberra lo que conviene sólo a los intereses políticos del gobierno, unido ahora a su desespero electoral, ha colocado al país al borde de una oleada inflacionaria mayor de la que viene viviendo en los últimos años. Nos espera una verdadera orgía de gasto público, un incremento demencial del gasto corriente del gobierno y una expansión de la demanda y el consumo, sin otra contrapartida que la hipertrofia importadora, cuyos efectos se sentirán directamente en el bolsillo de los venezolanos. Amanecerá y veremos.
Es obvio que en este asunto hay dos actores fundamentales: de un lado los trabajadores y de otro lado los empleadores o patronos.
Hay un tercer actor, el Estado, que cumple el doble rol de empleador y de árbitro y/o facilitador del debate sobre aumentos salariales. Una sana práctica de gobierno es la de sentar en una misma mesa a esos actores y abrir el examen del problema desde las distintas perspectivas que le son propias, para alcanzar, al final, un acuerdo que resulte favorable para todos los sectores, en un juego de ganar-ganar, producido por este manejo tripartito del problema.
Pero hoy nos encontramos con un gobierno que ignora tanto al movimiento laboral organizado como a los gremios empresariales y decide unilateralmente sobre ese tema tan espinoso, despreciando las opiniones de los grupos más directamente interesados en éste, con lo cual el resultado es una decisión no consensuada, que crea más problemas de los que intenta resolver.
El sentido común indica que un aumento general de salarios afecta de manera distinta a las empresas grandes y pequeñas y también a los trabajadores de unas y otras. Lo lógico es discriminar y establecer escalas que satisfagan los intereses de ambos sectores. El gobierno no puede medir con el rasero de sus ingentes ingresos petroleros la capacidad de otros empleadores, cualquiera sea su dimensión. No es lo mismo un gobierno patrono, con la gigantesca bolsa petrolera a su disposición, que una pequeña empresa de veinte trabajadores. Tomemos el ejemplo de los cestatickets. La extensión de este beneficio, por parejo, a la totalidad de las empresas, por justo que luzca en abstracto, puede ser devastador para las empresas de menor dimensión. De hecho, empresas de menos de veinte trabajadores no pagaban cestatickets; ahora deberán hacerlo y en la práctica la erogación por este concepto será mayor que la que corresponde al incremento del salario mínimo. Las consecuencias de esto pueden ir desde la quiebra y cierre de empresas hasta los despidos para equilibrar los presupuestos, pero la más probable es sencillamente la de compensar el aumento de costos con el aumento de los precios de los bienes o servicios que producen o prestan esas empresa.
El estilo autoritario, de imponer a la machimberra lo que conviene sólo a los intereses políticos del gobierno, unido ahora a su desespero electoral, ha colocado al país al borde de una oleada inflacionaria mayor de la que viene viviendo en los últimos años. Nos espera una verdadera orgía de gasto público, un incremento demencial del gasto corriente del gobierno y una expansión de la demanda y el consumo, sin otra contrapartida que la hipertrofia importadora, cuyos efectos se sentirán directamente en el bolsillo de los venezolanos. Amanecerá y veremos.
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